En tiempos donde la desigualdad sigue marcando el rumbo de muchas vidas, apostar por la inclusión no puede ser una opción, sino una obligación ética, política y social. La inclusión no es solo una consigna; es la base para construir una sociedad verdaderamente democrática, donde todas las personas, sin importar su origen, situación económica o capacidades, tengan acceso a las mismas oportunidades.

En este sentido, hay decisiones políticas que marcan la diferencia. El Gobierno de España ha dado un paso significativo al incrementar la inversión en becas, destinando más recursos que nunca para garantizar el acceso equitativo a la educación. Esta medida no solo permite que miles de estudiantes puedan continuar sus estudios, sino que también refleja una visión clara: la inclusión comienza por no dejar a nadie atrás.

Las becas no son caridad, son justicia social. Son una herramienta de compensación para quienes parten con desventaja. Porque el talento no tiene código postal, pero las oportunidades sí. Y ahí es donde el Estado debe intervenir para equilibrar la balanza. Aumentar las becas significa romper barreras económicas, evitar el abandono escolar y generar movilidad social. Es, en definitiva, invertir en el futuro del país.

Pero no podemos mirar para otro lado. Porque mientras tanto, hay aulas sin auxiliares educativos, madres y padres que se ven obligados a dejar sus trabajos para acudir a los centros escolares porque no hay personal suficiente.

Las administraciones públicas competentes tienen el deber de acabar de una vez con las listas de espera en dependencia y discapacidad. Es asegurar todos los recursos públicos necesarios en la educación y en la sanidad. Es garantizar el acceso al empleo pleno y digno de las personas con discapacidad. Y, por supuesto, es que todos los espacios públicos sean verdaderamente accesibles: no solo eliminando barreras físicas, sino también las cognitivas y sensoriales. Porque la accesibilidad no es solo una rampa, es una forma de mirar el mundo pensando en todas las personas.

Celebrar avances como el refuerzo de las becas es necesario, pero también lo es exigir que la inclusión sea una política transversal y constante. Porque solo una sociedad inclusiva será una sociedad justa. Y solo desde la justicia podremos construir un país donde todas y todos tengamos un lugar digno desde el que crecer y aportar.