Mauritania es, por su situación geográfica, un socio clave tanto para España como para la UE en la lucha contra la inmigración irregular como país de tránsito hacia las islas Canarias y también para la contención de la amenaza que plantea el terrorismo yihadista que avanza prácticamente sin freno en el vecino Sahel. Eso sí, el país africano corre el riesgo de verse superado a la hora de hacer frente a ambos fenómenos si no recibe ayuda.

«Mauritania es un país estratégicamente importante para España y para el conjunto de la UE», sostuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la visita que realizó el pasado febrero al país norteafricano junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y de la que surgió una lluvia de millones en forma de ayudas tanto de la UE (210 millones) como de España (más de 300) para intentar contener la incipiente migración que parte desde sus costas.

Sánchez reconoció entonces que «la creciente inestabilidad política, los conflictos y la falta de seguridad en esta zona están afectando de forma directa a Mauritania y por ende a todos nosotros» y puso de relieve el «papel fundamental como referente de estabilidad democrática en el Sahel» que representa actualmente este país y el objetivo compartido con España en materia de lucha contra el terrorismo y de «búsqueda de una migración ordenada, regular y segura».

El jefe del Ejecutivo regresará este martes a Mauritania en pleno repunte de las llegadas de cayucos a Canarias en el marco de una gira que le llevará también a Gambia y Senegal, otros dos de los países de partida de embarcaciones. Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, a fecha de 15 de agosto, el archipiélago había recibido la llegada de 22.304 inmigrantes, un 126,1% más que en el mismo periodo del año anterior, a bordo de 340 embarcaciones, un 80,9% más que en 2023, cuando llegaron 188.

Aunque el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska no desglosa el país del que partieron estos inmigrantes, Mauritania sigue siendo uno de los principales orígenes, si bien la cifra de cayucos que parten desde sus costas habría disminuido en los últimos meses tras la visita de Sánchez, después de que en enero se constatara que el 83% de las llegadas habían iniciado su travesía allí.

Antes de la anterior visita de Sánchez, desde el Gobierno se puso de relieve que entre quienes llegaban a Canarias había algunos mauritanos pero la mayoría eran ciudadanos de otros países subsaharianos. Sin embargo, los últimos datos de la ruta de África Occidental publicados por Frontex, la agencia de fronteras europea, ya incluyen a los mauritanos entre las principales nacionalidades de origen.

Así, según Frontex, hasta finales de julio la agencia de la UE tenía contabilizadas 21.620 llegadas a las costas canarias. De este total, 9.319 inmigrantes eran originarios de Malí, 4.302 de Senegal, 2.001 de Marruecos y 1.815 de Mauritania.

El país norteafricano vive un periodo de estabilidad política tras una sucesión de golpes de Estado entre 1978 y 2008. El actual presidente, Mohamed Uld Ghazuani, reelegido para un segundo mandato el pasado mes de junio, protagonizó en 2019 la primera transferencia pacífica de poder desde la independencia de Mauritania en 1960.

Además, ha venido experimentando un fuerte crecimiento económico, aunque este se ha ralentizado en el último año. Según el Banco Mundial, la economía mauritana creció un 3,4% en 2023, frente al 6,4% de 2022, si bien esta significativa contracción aún arroja un dato superior al 3% de crecimiento a nivel mundial y del 2,9% en el caso de África Subsahariana. El pronóstico es que el país crezca una media del 4,9% entre 2024 y 2026.

Con una población de unos 4,9 millones de habitantes y una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado, Mauritania es uno de los países menos densamente poblados del mundo, con el consiguiente desafío que esto supone a la hora de brindar servicios y también de proteger su desértico territorio, en particular sus kilométricas fronteras.

La principal preocupación es que la inestabilidad que viven los países del Sahel pueda terminar extendiéndose a este país en forma de un golpe de Estado militar como los vividos en Malí, Burkina Faso y Níger –además de Guinea y Gabón– y que los grupos yihadistas que siembran la violencia en el Sahel extiendan sus actividades a territorio mauritano.

Mauritania no ha experimentado ningún ataque terrorista desde 2011, un hito que contrasta con el auge que las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico han experimentado en el Sahel a partir de 2012, primero en Malí y luego en Burkina Faso y Níger y que amenaza ahora con extenderse hacia los países del golfo de Guinea, en particular Togo y Benín.

Esta excepción se atribuye en primer lugar a la política antiterrorista emprendida por el anterior presidente, Mohamed Uld Abdelaziz, quien llegó al poder en un golpe de Estado en 2008 y su ministro de Defensa y ahora presidente, Uld Ghazuani. El mandatario optó por reforzar la seguridad, mejorando las condiciones y la formación de las fuerzas armadas, creando una fuerza de reacción rápida y dotándose de mejor equipamiento como barcos o aviones.

Esto vino acompañado por programas de desradicalización y la concesión de amnistías para antiguos miembros de grupos yihadistas. Además, existe el mito, nunca confirmado, de que el Gobierno mauritano podría haber llegado a una suerte de pacto de no agresión con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) a cambio del pago de entre 10 y 20 millones de euros al año.

Por lo pronto, los yihadistas no han golpeado a Mauritania en más de una década, si bien parecen estar acercando su actividad en Malí a la frontera con este país. Así, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel, ha llevado a cabo al menos dos ataques este mes contra sendas bases militares malienses muy cerca de Mauritania que se han saldado con varios soldados muertos.

Entretanto, y como resultado de la persistente inestabilidad y violencia en Malí, el país acoge ya a más de 240.000 refugiados y solicitantes de asilo, de los que más de 140.000 están registrados por ACNUR, la mitad de ellos menores. Solo el campo de refugiados de Mbera, próximo a la frontera con Malí, alberga a casi la mitad de los refugiados en el país, con más de 100.000 personas.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, unas 55.000 personas cruzaron la frontera desde Malí en 2023, 14.000 de las cuales se establecieron en Mbera, mientras que 41.000 lo hicieron fuera en la región de Hodh Chargui donde se encuentra. En los dos primeros meses del año se habían contabilizado casi 20.000 llegadas y desde entonces se habrían producido otras 40.000 más, a la luz de los datos de ACNUR.

Durante la visita de Sánchez, Ghazuani aseguró que su país está «totalmente comprometido» en la lucha contra la migración irregular pero también dejó claro que se están viendo superados por las circunstancias, ya que han pasado de ser un país de tránsito a ser también un país de destino para refugiados malienses. «Tenemos que hacer grandes esfuerzos para garantizar su seguridad y también para poder controlar las fronteras, para movilizar a nuestras fuerzas de seguridad y para reforzar los servicios», previno.

 

Agencias EP