Los concejales del Partido Popular de Yaiza, Juan Monzón y Guayo Rodríguez, lamentan que la nula gestión del alcalde Oscar Noda en relación al problema de la basura en el municipio esté acarreando al Ayuntamiento sentencias en contra que le obligan al pago de las costas judiciales.

Según el portavoz municipal, Juan Monzón, la “irresponsabilidad manifiesta” de Oscar Noda hace que el consistorio entre en “pleitos judiciales que se saben perdidos de antemano”. Monzón apunta que ya en su día “se le advirtió de que esto ocurriría con las cadenas hoteleras que se sentían perjudicadas porque se les estaba prestando un servicio de recogida de basuras en precario”.

Los Populares insisten en que “la solución al grave problema que sufre el municipio pasa por sacar a licitación, de una vez por todas, el servicio de recogida”, que a día de hoy sigue prestándose en precario y con una empresa que por más que se le suba el canon, no mejora su servicio y deja una imagen deplorable que los vecinos llevan sufriendo desde hace muchos años.

El 26 de Abril del 2023, el juzgado de lo contencioso administrativo Nº1 de Las Palmas, falla declarando la nulidad de la resolución dictada por el Ayuntamiento de Yaiza e imponiendo el pago de las costas al mismo, contra la mercantil Hernández Bello S. L., antigua concesionaria del contrato de residuos en Yaiza.

Cabe recordar, que Hernández Bello era la concesionaria del servicio de recogida de residuos en el municipio sureño. Este servicio, finalmente fue rescatado por el consistorio ante los incumplimientos continuos de contrato por parte de la empresa. Por estos incumplimientos, varios establecimientos hoteleros de la zona turística de Playa Blanca recurrieron a empresas externas para la retirada de la basura acumulada en sus instalaciones, reclamando luego al consistorio el costo de los servicios.

Por todo esto, el mismo juzgado de lo contencioso, con fecha del 1 de Septiembre de 2023, atiende a la demande de la mercantil  Teide 10 S.L., volviendo a fallar contra el Ayuntamiento de Yaiza y declarando responsabilidad patrimonial del consistorio,  condenándolo a pagar 31.133,84 euros, más las costas judiciales del mismo.