El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, desmiente rotundamente la información publicada que le atribuye una intervención para paralizar la causa penal que se sigue contra el senador de la Comunidad Autónoma Pedro San Ginés, en relación con el proceso del concurso de acreedores en el que se vio envuelta la empresa pública de aguas Inalsa.

El presidente del Cabildo asegura que “la noticia publicada, sin firma de ningún periodista por el citado diario, tergiversa la realidad dado que el procedimiento no terminó por desistimiento ni por parte del Consorcio ni de Inalsa, de hecho queda constatado en el auto de la Audiencia Provincial del pasado 4 de septiembre de 2023 por el que este órgano judicial resuelve no haber lugar al incidente de nulidad promovido por el Consorcio de Aguas de Lanzarote e impone las costas del incidente al propio Cabildo de Lanzarote”, asegura el presidente del Cabildo, que añade que “la causa además ha sido enviada por el juez que instruye el caso al Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del senador”.

Betancort señala además, y le recuerda “a quien redactó la noticia y a quien desde el PSOE de Lanzarote se ha hecho eco, que fue la anterior presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo la que saltándose el procedimiento establecido en los estatutos del Consorcio y de Inalsa, ordenó presentar recusación contra el juez que instruía la causa. Tal es así que la hemeroteca se llenó de manifestaciones de los distintos alcaldes asegurando no haber participado en  votación alguna al respecto”, añade el máximo dirigente de la Corporación Insular.

En tal sentido, y ante la necesidad de refrendar dicho acuerdo, “los servicios jurídicos del Cabildo entendieron que por razones de respeto institucional ni el Cabildo ni el Consorcio deben entablar recusaciones a los jueces, pues debemos respeto y confianza a la institución que representan. En tal sentido se presentó escrito del que soy conocedor, pero no autor ni material ni intelectual”, añade el presidente.

“Respecto a la relación con el abogado que llevaba la dirección letrada del procedimiento, es cierto que se le dijo que esperara a recibir instrucciones, pero tales instrucciones no se le dieron nunca, sino que se le comunicó que la dirección letrada iba a ser asumida por los servicios jurídicos del Consorcio, comunicándosele personalmente en reunión con la jefatura de los Servicios Jurídicos del Cabildo Insular”, añade Betancort.

“Pero, aunque ahora quieran ver fantasmas, la realidad es que no existe más motivo que su contrato, que como el de tantos otros profesionales había finalizado desde hacía ya un año. Por lo que los asuntos jurídicos que no tenían contrato en vigor fueron asumidos por los servicios jurídicos del Cabildo. El resto de irregularidades de la contratación no considero, por respeto, que deban ser mencionadas por mi parte. Este que está aquí no ordenó nada a ese respecto. Son criterios jurídicos adoptados por la nueva dirección letrada, los servicios jurídicos del Cabildo, de incuestionable imparcialidad y objetividad, y ajenos a estrategias políticas en el seno de los procedimientos judiciales”, concluye el presidente.