Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha presentados 169 enmiendas parciales para “corregir los malos” presupuestos para 2025 del Gobierno de las dos derechas canarias, combatir la desigualdad y reforzar los servicios públicos esenciales. El grupo canarista ha movilizado 215 millones de euros hacia la justicia social, la inversión en áreas clave para el desarrollo y para disponer de una la fiscalidad progresiva, aquella que se rige por el principio de que “paguen más los que más tienen”.
La presidenta del grupo parlamentario y el portavoz del mismo, Carmen Hernández y Luis Campos, con el parlamentario Yoné Caraballo; presentaron hoy las 122 enmiendas registradas a los estados financieros que mueven 103 millones de euros y otras 47 al articulado del proyecto. El objetivo, para el canarismo, que el pacto de CC y el PP deje espacio a considerar las propuestas alternativas de NC-BC que, el pasado año, se tradujo en una sola enmienda aceptada, como recordó el portavoz.
Frente a las cuentas de las derechas “regresivas”, que “profundizan” la desigualdad, “maltratan” áreas esenciales como la inversión en I+D+i, la educación y el resto de los servicios públicos esenciales e ignoran la transformación del modelo de desarrollo reclamada por la mayoría de la ciudadanía canaria, Campos se detuvo en las propuestas de modificación del articulado con las que se recuperan más de 100 millones de euros mediante la restitución de diversas medidas fiscales progresivas.
Con el fin de ayudar a las familias más vulnerables y a las rentas bajas y medias, NC-BC plantea reponer la deducción en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por el alza de los precios con la que se pone en el bolsillo de las familias 104 millones de euros.
Se restablece la bonificación del impuesto al combustible profesional del Gobierno de progreso de la pasada legislatura para ayudar a 20.000 autónomos y pymes del sector de transporte y más de 5.000 agricultores y ganaderos, que suma 18,5 millones de euros.
Campos aludió a una medida que “forma parte del ADN” de CC y el PP, es decir, a “quitar dinero” a los más vulnerables para “dárselo a los más ricos” que es rechazada por el canarismo. Por ello se rescata el impuesto de Donaciones y Sucesiones a las rentas más altas, a los 6.000 contribuyentes más ricos de Canarias con la que se recuperan 45 millones de euros para las arcas públicas.
Tras indicar que, con las enmiendas al articulado, se ponen ocho millones de euros a las universidades y otras medidas para la función pública, Luis Campos subrayó las tres iniciativas dirigidas a “restituir la legalidad”, es decir, a suprimir las “inconstitucionales” reformas de la ley del Suelo, de Cabildos Insulares y del Consejo Consultivo, incluidas por la “puerta de atrás”.
Carmen Hernández se refirió a las enmiendas a los estados financieros que responden al objetivo de tener una sociedad “más justa, igualitaria y con unos servicios públicos y otras políticas estratégicas reforzadas”. NC-BC ha decidido fortalecer el área de Educación con más de cinco millones de euros para los colegios, las infraestructuras, la adaptación de los centros al cambio climático, la accesibilidad, las becas para los alumnos con necesidades especiales y las escuelas infantiles en varios municipios.
Frente al debilitamiento programado por las dos derechas de las universidades públicas, Hernández defendió una inversión de 10,2 millones de euros para “sobrevivir y que no cierren las puertas”, además de ayudar con otras partidas a la universidad a distancia en Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma y Gran Canaria.
Enfrentar los graves problemas de acceso a la vivienda en las islas, para el canarismo de progreso, es “esencial”. Por este motivo, la presidenta del grupo parlamentario anunció una inyección económica de 10 millones de euros más para el programa Prohogar para las mujeres vulnerables, el bono joven para el alquiler, el fomento del arrendamiento de la vivienda vacía del programa canario de alquiler seguro de NC-BC y para construir residencias en islas muy tensionadas como Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote.
Hizo hincapié en la voluntad del grupo canarista de recomponer los recortes en partidas para las familias y la infancia y las políticas culturales vinculadas con los fondos bibliográficos, las bibliotecas y con la Fundación Canaria de la Academia de la Lengua. Sin olvidar al sector judicial, citó los tres millones de euros más para el “maltratado” sector primario y detalló los 46,7 millones de euros para fortalecer los servicios sanitarios con inversiones en atención primaria, investigación, infraestructuras tecnológicas, la prevención ignorada por CC y el PP, así como los helicópteros medicalizados para Lanzarote y Fuerteventura.
Para seguir garantizando una “mirada solidaria” hacia el mundo, Carmen Hernández subrayó los 650.000 euros más para el pueblo saharaui y los 2, 8 millones euros para cooperación.