Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) alertó hoy de que Canarias lidera, en el Estado, la subida de los precios de la vivienda por la política especulativa del Gobierno conservador de Fernando Clavijo. El canarismo de progreso mantuvo que el decretazo de medidas urgentes ha sido un fracaso, inútil para ofrecer respuestas rápidas ante la emergencia habitacional. Impulsar ahora la inversión del beneficio fiscal más potente del Archipiélago, la Reserva de Inversiones (RIC), en la construcción o adquisición de residencias y promociones privadas para alquilar sin limitar el precio del arrendamiento agravará aún más la grave crisis. El canarismo de progreso en el Parlamento insistirá en las iniciativas para el acceso a las viviendas asequibles, acorde con la realidad socioeconómica de la mayoría de la ciudadanía con rentas del trabajo, medias y vulnerables. Nueva Canarias-BC seguirá con este trabajo a pesar de la nula voluntad de los grupos del pacto (CC, el PP, la AHI y la ASG) por dialogar y consensuar las iniciativas canaristas.

La estadística IMIE Mercados Locales de precios de vivienda nueva y usada procedente de las tasaciones de Tinsa by Accumin, citó el presidente de NC-BC, Román Rodríguez, registró un incremento del precio en Canarias de un 6,6 por ciento de media durante 2024. Dos puntos por encima de la media estatal que se situó en el 4,4 por ciento. El Archipiélago, añadió, está a la cabeza también en el porcentaje de extranjeros que compraron una residencia en el tercer trimestre del pasado año, un 27,25 por ciento frente al 14,85 por ciento de la media estatal.

Rodríguez achacó esta situación a las políticas del Ejecutivo de CC y el PP orientadas a fomentar una economía especulativa en el sector, que beneficia a una minoría privilegiada en lugar de “garantizar” el derecho para la mayoría de las canarias y los canarios.

Una denuncia que el líder canarista respaldó con dos ejemplos “claros”. El primero, el decreto ley de medidas urgentes, sin “resultados” desde su aprobación en febrero del año pasado. Una norma que, como recordó, fue consultada “únicamente” con los constructores y que se ha demostrado ineficaz para ofrecer una solución “rápida” a los más de 27.500 demandantes de vivienda registrados.

Una cifra que se queda pequeña, para Nueva Canarias-BC, si se suman las rentas medias y del trabajo con «importantes» problemas para acceder al alquiler o a la compra, con unos precios «desorbitados y muy alejados de la realidad socioeconómica de la mayoría de las canarias y los canarios».

El Gobierno no sólo ha fallado en la disposición de soluciones efectivas para aliviar la imparable y creciente tensión en el mercado, sino que además las nuevas iniciativas anunciadas incentivan más las prácticas especulativas, para Román Rodríguez. Se refirió a la posibilidad de que la RIC se invierta en la compra o construcción de residencias para el alquiler sin limitar el precio del arrendamiento.

Los canaristas aseguraron que este “potente” beneficio fiscal no es para que las empresas, profesiones liberales y rentistas paguen menos por el impuesto de Sociedades o en la cuota de la Renta de las Personas Físicas IRPF) sino para invertir ese “ahorro” en actividades “productivas” para la diversificación económica y la creación de empleo.

En esta ocasión, advirtió, con el agravante de que va contra la decisión unánime del Parlamento canario en 2006, aprobada en diciembre de ese mismo año por la Comisión Europea, de suprimir la posibilidad de materializar la RIC, a partir de 2007, en vivienda que no sea protegida y en la adquisición de suelo.

Recordó que el informe de evaluación de la RIC, realizado en ese momento por la Consejería de Economía y Hacienda, concluyó que la mitad (el 50 por ciento) de la materialización de la reserva de inversiones se dedicaba a actividades especulativas de carácter inmobiliario (adquisición de suelo y de edificios, fundamentalmente viviendas). Una de las razones de la burbuja que hizo estallar la crisis financiera de 2008.

Promover desde el Ejecutivo que se paguen menos impuestos, alertó el presidente de NC-BC, implica una menor recaudación, necesaria para el mantenimiento y mejora de las infraestructuras y de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales).

Pero, como además las respuestas para resolver los problemas de acceso y regulación del mercado del alquiler del gabinete de Clavijo han sido prácticamente nulas, “ya es un hecho” que los residentes locales son desplazados de las zonas urbanas y turísticas porque también influye el imparable aumento de las viviendas vacacionales. Se favorece a los grandes propietarios, a los fondos de inversión y a los promotores inmobiliarios, con lo que aumenta la desigualdad social, denunció Román Rodríguez.