El 23 de abril, el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) Subgrupo de Auxilio Judicial (SAJ) se comunicó con la Policía Local de Arrecife para informar sobre las órdenes de búsqueda y detención de un individuo emitidas por la justicia. Se sospechaba que este individuo podría residir o estar transitando por la ciudad de Arrecife. Se proporcionaron detalles sobre sus características físicas, de comportamientos y hábitos, los cuales fueron compartidos con otros cuerpos de seguridad y gremios dedicados a la seguridad para una identificación rápida en caso de localización.

Al día siguiente 24 de abril, sobre las 19:00 horas agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) recibieron un comunicado de la central de la Policía Local de Arrecife que informaba sobre la visualización de un individuo que coincidía con la descripción proporcionada. A su llegada, confirmaron visualmente que el individuo correspondía a la descripción proporcionada, por lo que iniciaron los procesos para su identificación.

Durante el proceso, el individuo intentó engañar a los agentes proporcionando información falsa para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, la experiencia y profesionalidad de los agentes les llevaron a realizar indagaciones adicionales, conscientes de la posibilidad de que estuviera mintiendo. Gracias a los recursos a su disposición, lograron confirmar la verdadera identidad del individuo.

Tras verificar en las bases de datos policiales, se descubrió que el individuo de 53 años le constaban tres órdenes de búsqueda hacia su persona emitidas por los Juzgados de las Palmas de Gran Canaria: dos de ellas eran por búsqueda e ingreso en prisión, una por la Audiencia Provincial por Tráfico de Drogas, otra por el Juzgado de lo Penal n.º 6 por Estafa, y otra por búsqueda y personación del Juzgado de Instrucción 5 por Apropiación Indebida.

Este caso ejemplifica la importancia de la colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad, como el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local, en su lucha por garantizar la seguridad y protección de la ciudadanía. Estos dos cuerpos policiales, hermanados por el Gobierno de Canarias a través de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, son fundamentales para el desarrollo de los derechos y libertades en el ámbito urbano.