El Cabildo de Lanzarote ha acogido la celebración de la Asamblea Extraordinaria y Urgente de la Asamblea del Consorcio del Agua que el pasado viernes convocaba el presidente de la Institución, Oswaldo Betancort, tras recibir de los Servicios Jurídicos el informe preliminar que encargó unos meses atrás para fiscalizar el grado de cumplimiento del contrato de concesión de los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y la Graciosa. Este documento no arroja dudas de que existen causas objeto de sanciones graves e incluso que podrían dar lugar a la resolución contractual por incumplimiento esencial y muy grave de sus obligaciones por parte del contratista, supeditado a la emisión de los informes oportunos que avalen tal decisión; un proceso que comienza ahora.

Los miembros de la Asamblea, entre los que estaban presentes varios primeros ediles y representantes de las Alcaldías de los siete municipios de la Isla, han conocido de primera mano este informe preliminar global, el más completo elaborado jamás sobre un contrato público para defender los intereses generales de la población de Lanzarote y La Graciosa en materia de agua.

“Vamos a seguir trabajando con rigurosidad porque el agua no tiene color político, y les aseguro que las futuras acciones o informes de relieve que ejecute el Consorcio serán comunicados por esta presidencia, porque ese fue el compromiso de transparencia que adquirimos cuando la ciudadanía nos colocó al frente del Cabildo”, comentaba hoy en la reunión el presidente insular antes de añadir que “esto sólo ha comenzado”, en referencia a los nuevos recursos que está dedicando su gobierno para exigir el cumplimiento de este contratos con Canal Gestión. Precisamente, el vicepresidente del Consorcio, el consejero Domingo Cejas, aclaraba esta mañana que cuando llegaron a la entidad, “más allá del gerente, en el Consorcio no contaba ni con un ingeniero”.

Tanto Domingo Cejas como Oswaldo Betancort han agradecido el talante colaborativo de los componentes de la Asamblea, después que la técnica responsable del contrato de concesión desgranara los pasos seguidos antes de arrojar un diagnóstico para el que inicialmente demandó un informe jurídico-técnico y otro económico referido al pago del canon de bonificaciones fiscales de la empresa.

El informe preliminar describe incumplimientos en las obligaciones esenciales previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y por tanto infracciones muy graves, observando irregularidades en el pago de los cánones e incumplimientos también en el Plan de Explotación de los Servicios y del plan de Organización y Gestión del Servicio ofertado por la adjudicataria, entre otras.

Tras la exposición, la mayoría de los miembros de la Asamblea han coincidido en la necesidad de ser diligentes en los pasos a seguir ahora para armar un posible expediente de resolución del contrato con el operador.

El contrato con Canal Gestión que resultó tras la licitación del servicio del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa subraya que un objetivo central del mismo era la necesidad de frenar las cuantiosas e inasumibles pérdidas de agua en la red. En 2013, fecha de inicio del contrato, había casi un 60% de pérdidas y se le encomendaba entonces a la adjudicataria reducirlas hasta un 30% (la mitad). En concreto, en 2013 había un índice del 57,64% en las pérdidas, y 10 años después, en 2023, ha sido del 54,83%. Es decir, en diez años no se ha reducido ni un 3% el índice de mermas de la red de aguas de Lanzarote y La Graciosa.

Según las cifras puestas sobre la mesa de la Asamblea esta misma jornada, la anualidad en la que más se redujeron las pérdidas en la red fue en 2018, cuando era de un 51,82%, la cifra más baja de la serie histórica. Y la cifra más alta se producía en el año 2021, cuando las mermas de agua se disparaban hasta un índice del 61,38%.

Precisamente es este uno de los evidentes incumplimientos de las obligaciones esenciales en los que ha incurrido la empresa. A este respecto, ya existía un informe emitido por el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la empresa Trama Canarias, solicitado en octubre de 2018 y emitido el 31 de julio de 2019, en el que se afirma que no había un procedimiento para la detección de las fugas. Entre otros motivos porque para una red de más de 2.000Km, los recursos humanos destinados son 5 personas –un encargado y 4 operarios- que son claramente insuficientes.

Así que ya en 2019 se fija como necesario tener el abastecimiento sectorizado y telegestionado, para planificar las actuaciones y conocer el porcentaje de pérdidas. La empresa manifestaba entonces que la sectorización y telegestión “estaba en proceso de implementación”. Cinco años más tarde, todo continúa igual.

Otra grave anomalía argumentada por los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote afecta a las prestaciones del servicio de saneamiento, que ha sido desmantelado como tal por parte de la mercantil. Hay que recordar que la concesión al operador comprende la gestión y explotación de los servicios públicos de abastecimiento de agua, reutilización y saneamiento.

El saneamiento, por tanto, no es una prestación accesoria al contrato. El artículo 289 del TRLCSP 2011, relativa a la subcontratación establece: “En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias”; y así lo recoge la cláusula 36 del PCAP. Por ello, la subcontrata en este ámbito es una práctica habitual e irregular que los actuales gestores del Cabildo estiman como incumplimiento grave de otra obligación esencial.

La Asamblea del Consorcio ha conocido que, dentro de esos incumplimientos esenciales también está el capítulo de inversiones ejecutadas. Un dato clarificador es que en el año 2023, el actual grupo de Gobierno en el Cabildo confirmaba en sus informes que de los 57.558.419 millones comprometidos en inversiones sólo tenían resolución definitiva poco más de 4.276.668,25€, entre aprobadas y rechazadas de forma definitiva, quedando pendiente de ser revisadas por completo el resto.

El informe que ha analizado la Asamblea del Consorcio realiza un estudio de los lotes de inversión entregados por la concesionaria, apuntando no solo que las inversiones no se han realizado en el plazo de 5 años, sino que se han producido modificaciones en el Plan de inversiones ofertado por la concesionaria no aprobadas por el órgano de contratación y, en concreto, de inversiones destinadas a aminorar las pérdidas en la red y el agua no facturada.

El informe solicitado por la responsable del contrato considera necesario realizar un análisis minucioso de comprobación de las inversiones realizadas y de su adecuación al Plan de Inversión ofertado por la concesionaria, que ratifique el incumplimiento del concesionario y, en su caso, el grado del mismo.

Además, el consejero Domingo Cejas ha hablado de los expedientes de penalidades, esos que se han abierto estos últimos años con un objetivo de sancionar incidencias graves en el servicio. “El informe preliminar señala la existencia de un total de 18 expedientes sancionadores abiertos desde 2018 por el Consorcio a la adjudicataria. Dos de ellos fueron resueltos favorablemente a la entidad pública por los tribunales (uno iniciado en diciembre de 2018 por falta de mantenimiento en la EBAR Playa Blanca, y otro por dilación injustificada en la modernización del parque de contenedores, abierto el 17/01/2019)”.

Por otro lado, uno de los asuntos importantes abordados en el informe global de los Servicios Jurídicos del Cabildo de Lanzarote son las liquidaciones de los cánones, en concreto, el Canon Anual variable C de bonificaciones fiscales para el operador. Este se fija como un porcentaje de los ingresos obtenidos en concepto de subvenciones a capital y a la explotación. El contrato firmado con la concesionaria recoge finalmente como Canon C un 6%.

La concesionaria no había realizado ingresos en relación con el Canon C, relativo a bonificaciones y exenciones, deducciones tributarias que se hayan aplicado como consecuencia de la actividad realizada. Sin embargo, el análisis de las Cuentas Anuales de la entidad Canal Isabel II S.A. en el Registro Mercantil desde el año 2013 al año 2022 pone de manifiesto que se han aplicado deducciones fiscales en Canarias por la actividad realizada en la concesión. De acuerdo con las Cuentas Anuales y aplicando el 6% de Canon corresponderían al Consorcio 833.000 euros de principal que no se han abonado más los intereses de demora.

Gracias a los trámites ejecutados en los últimos meses por la Corporación, con fecha 30 de julio de 2024, Canal Gestión Lanzarote presenta, por primera vez en la vida de la Concesión, la liquidación del Canon C.

La falta de ejecución de inversiones previstas en la oferta de la adjudicataria de la concesión, el incumplimiento del plazo en la ejecución de las inversiones acordadas y el incumplimiento del Plan de explotación de servicio ha tenido como consecuencia el incumplimiento la cláusula 16 apartado 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas, esto es, la que imponía que el agua producida y no facturada no podría superar el 30%.

Pero es más, precisamente, y dado que las pérdidas superan el 50% del agua producida, se está generando desde hace años una perturbación grave del servicio.

También ha hecho mención hoy el presidente del Consorcio a la intervención de la actual dirección del Consorcio para lograr una mayor transparencia en el anuncio de estos cortes de suministro a la población, haciendo pública con antelación unas interrupciones en el servicio que hasta hace unos meses no se comunicaban.

Y en cuanto a las inversiones que vienen ejecutándose desde la entidad, y en concreto, al compromiso de destinar unos 90 millones de euros durante los próximos años a fortalecer el ciclo integral del agua, Oswaldo Betancort ha recordado que hace décadas que no existe una inversión adecuada y planificada para fortalecer infraestructuras y redes. Ha subrayado que estas inversiones y los proyectos “continúan y continuarán saliendo desde el Consorcio del Agua”, añadiendo que actualmente hay más de 120 expedientes de proyectos y obras que saldrán adelante de la mano de un Consorcio que estrena Estatutos y nueva dirección gerente”. Y sentenciaba: “Jamás he dicho que le iba a dar 90 millones de euros a nadie”.

Igualmente, el responsable insular ha manifestado que seguirá trabajando “con rigurosidad”, respetando los plazos legales y avalando sus decisiones con argumentos documentales. “De todo ello mantendré puntualmente informada a la población. Como siempre hemos hecho: trabajando desde el silencio y la constancia. ¿O es que alguna vez han tenido los alcaldes y alcaldesas de Lanzarote sobre la mesa de la Asamblea del Consorcio del Agua un documento del empaque del que hemos presentado hoy, y con tal calado técnico-jurídico?… Pues bien, les diré que esto sólo se consigue trabajando más horas”.

Por último, mirando hacia el futuro y planteándose posibles escenarios en este asunto, y ante una posible resolución de la concesión del ciclo integral del agua, Oswaldo Betacort ha subrayado que “está completamente asegurada la prestación del servicio porque así lo obliga la legislación”.

Con todo, en este proceso administrativo que ha comenzado el Cabildo de Lanzarote se torna básico tener bien revisadas e informadas las inversiones realmente realizadas estos años porque la Administración podría tener que reintegrar o restituir a la concesionaria las mismas. También es cierto que la Administración podría reclamar los daños que le haya causado el incumplimiento de las obligaciones por parte de la concesionaria, pudiendo incautar la garantía. (artículo 225.3 TRLCSP y artículo 271 apartado 4 del TRLCP 2011). En este caso, la garantía asciende a la cantidad de 8 millones de euros de acuerdo con la cláusula 6 del contrato.

“Pero este escenario es sólo hipotético y hoy resulta prematuro. En cualquiera de las variables que podamos manejar, en todas tenemos la confianza absoluta por parte del Cabildo de Lanzarote en la capacidad y responsabilidad de los trabajadores de la adjudicataria”, ha finalizado el presidente.