La diputada del Grupo Parlamentario Nacionalista Canaria (CCa), Jana González Alonso, intervino en la comisión de reto demográfico y el equilibrio poblacional en Canarias. En su intervención la diputada expuso que “está claro que tenemos un problema de vivienda que sufren las personas residentes”.

La diputada majorera explicó que el problema de vivienda ha generado un especial malestar en la ciudadanía y que esto ha desembocado en las manifestaciones del pasado 20 de abril. Esta carencia de vivienda está siendo producida en parte por el aumento de vivienda vacacional “por eso urge regularla, para que parte de esas viviendas pasen a ser de arrendamiento de uso permanente”, aclaró.

Por otro lado, Jana González expuso que en 2023 llegaron a Canarias unos 16 millones de turistas, una cifra similar a la que contabilizó el archipiélago en los años 2017 y 2018. Además, la diputada añadió que “una crítica recurrente al modelo turístico es la construcción de muchos hoteles”, sin embargo, según detalló González, en 2010 había unas 430.000 plazas hoteleras y extra-hoteleras, mientras que en 2023 se contabilizaron unas 373.000 plazas. En cuanto al número de establecimientos, se ha pasado “de 611 hoteles en 2010 a 575 hoteles en 2023”, aclaró la diputada.

En este sentido, la diputada ha destacado que urge “la necesidad de desclasificar el suelo” para dejar de crecer en camas turísticas, y que esto “es necesario hacerlo conforme a la Ley”.

La Ley del Suelo de 2017, en su artículo 221, establecía un plazo de 5 años desde su aprobación para desarrollar el suelo urbanizable. Una vez cumplido este plazo, desde el año 2022, el anterior Gobierno socialista, no desclasificó el suelo, por lo que no existe una base para negar esas licencias o “de lo contrario se estaría cometiendo un delito de prevaricación”, aclaró la diputada.  Por tanto, ahora cuando llega una propuesta de construcción de camas prevista en la normativa y que cumple con todos los requisitos las corporaciones locales no pueden negarse.

Sin embargo, desde las nuevas administraciones municipales, y en respuesta de la manifestación del 20-A, se encuentran buscando medidas que aplicar, como la desclasificación de suelos, para no seguir creciendo en camas turísticas, “siempre de acuerdo con la ley y sin que las cuentas públicas tengan que sufrir las consecuencias”, añadió González Alonso.