La portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, ha acusado este martes en el Pleno de la Cámara regional al Gobierno de Canarias de utilizar el problema de la falta de vivienda pública en las islas para “acabar” con los espacios públicos y “hacer negocio” a través del nuevo Decreto Ley de Vivienda “sin consenso ni consulta”.

Hernández intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista para el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad sobre las acciones puestas en marcha en materia de vivienda, en la que denunció que el Decreto Ley de Vivienda impulsado por el Ejecutivo autonómico “hace elegir” a las personas que tienen dificultad para acceder a una vivienda entre “vivir bajo un techo o tener servicios comunitarios como espacios culturales, educativos, deportivos y sanitarios”.

“No existe la dicotomía que plantean ustedes, entre construir vivienda o dotaciones y equipamientos públicos. Es disparatado que quieran utilizar las parcelas de los sistemas generales, que son suelo para colegios, parques, centros de salud y canchas, para construir viviendas”.

Para la diputada socialista, la falta de vivienda pública en Canarias es un problema que el Gobierno canario ha decidido abordar “atacando” la planificación. “Vivienda o planificación, vivienda o dotación”, sin olvidar que el nuevo Decreto no menciona los más de 200.000 pisos vacíos que hay en Canarias, no dice nada para restringir la oferta vacacional ni para limitar los precios ni para garantizar el pago”.

La diputada se refirió a los suelos previstos para los sistemas generales que sirven para dotar a las ciudades de equipamientos públicos y que con este Decreto se sustituirán por la construcción de viviendas. “Nos cuentan una receta de que hay que hacer deporte, y nos preguntamos que dónde lo vamos a hacer, si en las aceras o en la carretera, porque ustedes con este Decreto se cargan los espacios comunitarios para hacer deporte y para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Ustedes deciden lo que hay que elegir, si techo o vida”.

Hernández criticó también la subida de los precios que supondrán las medidas de este Decreto para los alquileres en régimen general para viviendas protegidas de promoción privada. “¿Saben cuánto costaría una de esas viviendas de 100 metros cuadrados que van a poner en suelo de equipamiento público? Pues hasta 213.389 euros en islas como La Gomera, un precio muy por encima del mercado actual”.

En este sentido, preguntó al consejero de Obras Públicas si conoce la postura de los diputados de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias sobre lo que supondrá para las familias de la isla y si están a favor de estas medidas, y les pidió una reflexión para que este Decreto se pueda tramitar como Proyecto de Ley, se discuta en la Cámara regional “y no decidan solo ustedes”.

“Sabrían si los diputados de ASG están de acuerdo con esto si se hubiesen reunido con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) antes de tramitar este Decreto, y si hubiesen abierto un proceso participativo para alto tan serio como regular el acceso a la vivienda de los que más lo necesitan”, añadió.