El portavoz de Hacienda y Presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha calificado de “demoledores” los datos publicados por el Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas del pasado año en referencia a Canarias, que solo alcanzó el 89,5% de un crédito final de 12.682 millones de euros. “Es la peor gestión y el gobierno más ineficaz de los últimos doce años, además del más caro de la historia de Canarias”.

Para Hernández, los datos publicados por el Ministerio confirman el “escándalo” de los datos de ejecución de Canarias el pasado año, porque el resultado además es “aún más demoledor”.

En concreto, el Ministerio de Hacienda ha publicado un avance de los datos de ejecución presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el Ejercicio 2024 y, según Hernández, “el resultado es demoledor, porque empeora incluso los datos publicados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma en los indicadores en un avance, a fecha de 14 de febrero de 2025, del cierre del ejercicio”.

De esta manera, el grado de ejecución de las operaciones no financieras asciende al 89,5% frente al inicialmente previsto del 89,83% señalado por la Intervención General, el peor dato de los últimos doce años.

Por otro lado, los datos de inejecución empeoran, pasando de 1.286 millones a 1.329,6 millones de euros, “cantidades que quedaron sin ser destinadas a reforzar los servicios públicos ni a atender a la ciudadanía canaria”.

Para Hernández, también es “escandalosa y sangrante” la “pírrica” ejecución en materia de inversiones, un 56,18% frente al 56,24% señalado por la Intervención General, lo que se traslada en una bajísima ejecución de las operaciones de capital: 294,3 millones menos de gasto que en el Ejercicio 2023.

El diputado socialista afirma que estos datos reflejan lo que ha venido denunciando el Grupo Socialista durante estos casi dos años. “Estamos ante un gobierno de CC y PP sin capacidad de gestionar, sin política presupuestaria y sin dirección política, y quien al final paga este despropósito es la ciudadanía de Canarias”.