El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista para impulsar un compromiso en Canarias para la promoción integral de la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras del Archipiélago, que incluye el cumplimiento y desarrollo de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, pero ha rechazado incluir en la Ley Canaria de Turismo una cláusula para que los centros alojativos cuenten con camas elevables y carros de limpieza motorizados, con el objetivo de evitar al máximo los sobreesfuerzos y las lesiones derivadas de tareas repetitivas que afecten a lesiones músculo esqueléticas a las camareras de piso.

La iniciativa, defendida por el diputado socialista Gustavo Santana, pide al Gobierno de Canarias que impulse la firma de un compromiso institucional de todas las administraciones públicas canarias para el cumplimiento y desarrollo de la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, aprobando en el ámbito de cada una de ellas un Plan de Actuación de forma coordinada con el Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), con la participación de las confederaciones empresariales, federaciones y asociaciones empresariales, asociaciones de autónomos, y a todos los sindicatos con representación en Canarias.

La propuesta solicita que se promuevan acciones de promoción de la salud mental en el ámbito laboral acorde con lo establecido en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, tanto en el sector público como en el privado, así como la aprobación de un Plan de Actuación de adaptación de todos los edificios públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias dotándolos de espacios verdes, aire acondicionado, zonas de sombra, entre otros, conjuntamente con un protocolo de actuación de Prevención de Riesgos Laborales frente a condiciones climatológicas adversas, especialmente, para temperaturas extremas por calor.

Además, se pide fomentar desde la consejería competente en materia de empleo, la inclusión de cláusulas de prevención de riesgos laborales en los convenios colectivos, acorde a lo establecido en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, y la dotación de presupuesto a los Planes de Actuación Anuales del ICASEL para hacer efectivo su cumplimiento, dotando de los recursos económicos necesarios al ICASEL para que puedan llevarlos a cabo.

Por su parte, se insta a la Consejería de Turismo a incluir en la Ley Canaria de Turismo una cláusula para que en los centros alojativos cuenten con camas elevables y evitar al máximo los sobreesfuerzos y las lesiones derivadas de tareas repetitivas que afectan a lesiones músculo esqueléticas, único punto rechazado por los grupos políticos que apoyan al Gobierno, “con el pretexto de que se está realizando un estudio ergonómico para medir los tiempos de trabajo de las camareras de piso, y desoyendo sus demandas”.

En la iniciativa también se pide que se cubran las plazas vacantes en el ICASEL y en la Dirección General de Trabajo, y dotar de las plazas necesarias para una adecuada atención a las políticas de prevención de riesgos laborales, junto a la implementación, en todos los ciclos educativos no universitarios y universitarios, horas lectivas sobre las políticas de prevención de riesgos laborales contando con la opinión y coordinación del ICASEL.

También se solicita el aumento de las inspecciones de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales de forma coordinada con el ICASEL, y la dotación de una nueva línea de subvenciones para PYMES y Autónomos para la inversión en equipos que eviten o minimicen los riesgos laborales.

El diputado Gustavo Santana recordó los datos recientes ofrecidos por el sindicato UGT, que reflejan que, en los primeros ocho meses del año, se ha producido un incremento del 10,38 % en la siniestralidad laboral respecto al mismo periodo de 2022.

Por este motivo, resaltó la importancia de cumplir con la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que insta a la “cada vez más estrecha” colaboración entre administraciones públicas, empresas y sindicatos, “si se quieren conseguir los objetivos pactados”.

Para Santana, el tamaño de las empresas canarias, casi en su totalidad pequeñas y medianas empresas, influye negativamente en la incidencia de la accidentalidad laboral. De hecho, un 67,34% del total de los accidentes graves, muy graves y mortales acaecidos en 2022, se produjeron en empresas con plantillas de hasta 50 personas. “Para que la Estrategia sea un éxito, debe existir un compromiso de la sociedad en su conjunto, con el principal objetivo de reducir al máximo los riesgos de perder la vida en el trabajo, y de tener unas relaciones laborales sanas donde nuestro estado físico y mental no se vea comprometido”, añadió.