El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, ha denunciado este miércoles [11] en el Pleno de la Cámara regional la “falta de voluntad política” del Gobierno de Canarias para aprobar la Proposición de Ley para Establecer un Impuesto a las Estancias Turísticas en Canarias impulsada por el Grupo Socialista, que ha sido rechazada en la sesión plenaria.
Hernández recordó que esta Proposición de Ley ha sido impulsada por el Grupo Socialista con el objetivo de promover un turismo sostenible y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía canaria, y que forma parte del programa electoral socialista respaldado por la ciudadanía en las elecciones de mayo de 2023, buscando redistribuir la riqueza generada por el sector turístico, que ha alcanzado cifras récord en los últimos años.
El diputado socialista recordó que, a pesar del éxito del turismo en 2024, con más de 18 millones de visitantes y una facturación histórica de casi 23.000 millones de euros, los beneficios no se han traducido en una mejora significativa de las condiciones de vida de los residentes. «Estamos ante una oportunidad para reorientar un modelo que tiende a privatizar los beneficios y a socializar las pérdidas», afirmó.
Por este motivo, rechazó las “excusas” del Gobierno de Canarias como la posible inconstitucionalidad de la medida. “Nuestra propuesta, lejos de provocar una desigualdad fiscal, ayuda a restaurar la igualdad fiscal. No se trata de castigar a nadie, sino de beneficiar a quienes aquí residen”
“Es una broma de mal gusto que un gobierno que aprueba decretos leyes con visos de inconstitucionalidad se atreva a hablar de la inconstitucionalidad de nuestra iniciativa, estamos solo ante una cuestión de voluntad política”.
En este sentido, apuntó que Cataluña y Baleares ya han implantado un impuesto turístico, y que Galicia, donde también gobierna el Partido Popular (PP), trabaja en la creación del suyo. “No voy a poner el ejemplo del Ayuntamiento de Mogán, que ha optado por otra fórmula y que desconocemos si Coalición Canaria (CC) la apoya, pero es la constatación de que el Gobierno de Canarias debe liderar la regulación”.
El impuesto, que no afectará a los residentes canarios, tendrá tarifas que oscilarán entre uno y 3,5 euros, dependiendo del tipo de establecimiento. Se estima que esta medida podría generar alrededor de 250 millones de euros, que se destinarán a políticas públicas sostenibles, reforzando servicios públicos, impulsando la diversificación económica y mejorando la inversión en educación.
Además, se propone la creación de un Ente de Promoción del Turismo Sostenible de Canarias y un Fondo para Actuaciones Turísticas Ambientales Sostenibles, que se financiarán con el 50% de la recaudación del impuesto. Estas iniciativas tienen como objetivo mejorar las infraestructuras turísticas y recuperar espacios medioambientales, así como fomentar la integración sociolaboral en el sector.
Hernández instó a todos los grupos parlamentarios a discutir y considerar esta propuesta, enfatizando que se trata de una cuestión de voluntad política. “No se trata de castigar a nadie, sino de beneficiar a quienes aquí residen”.
Con esta Proposición de Ley, el PSOE reafirma su compromiso con un modelo turístico que priorice el bienestar de la ciudadanía y la sostenibilidad del entorno, en respuesta a las demandas de la sociedad canaria.