La portavoz del Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote, Ariagona González, ha considerado gravísimo y sin precedente alguno que Oswaldo Betancort haya utilizado al Cabildo para defender a Pedro San Ginés en los procedimientos penales a los que se enfrenta, como consecuencia de las denuncias interpuestas por Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) y del Consorcio del Agua de Lanzarote.

González ha recordado que San Ginés está investigado por contratar de manera irregular a su amigo personal Ignacio Calatayud. Se le acusa, además, de haber conocido y tolerado cobros indebidos del letrado que se apoderó en su beneficio de costas judiciales pertenecientes a INALSA y el Consorcio. El total del perjuicio ocasionado a ambas entidades asciende, según ha acreditado la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), a dos millones de euros.

Las declaraciones de González se han producido tras conocer que, tan solo cuatro días después de su toma de posesión, Oswaldo Betancort dio instrucciones al letrado de INALSA y del Consorcio para que se abstuviera de presentar cualquier escrito en los procedimientos judiciales de ambos entes públicos contra Pedro San Ginés.

Esta decisión arbitraria de Betancort impidió al abogado contestar las alegaciones de la defensa de San Ginés y Calatayud en dos procedimientos de una enorme importancia, ya que INALSA y el Consorcio habían promovido dos incidentes fundamentales para el desarrollo del procedimiento.

En primer lugar, los dos entes públicos se oponían a la sorprendende acumulación de autos que había ordenado la Audiencia Provincial y, en segundo lugar, habían promovido la recusación del titular del Juzgado de Instrucción número 4, Ricardo Fiestras Gil, dada su pública y notoria relación de amistad con Ignacio Calatayud.

Tras impedir que el abogado designado presentara ningún escrito, Oswaldo Betancort dio instrucciones al procurador, a espaldas de la dirección legal que llevaba hasta el momento los procedimientos, para desistir de ambos incidentes aludiendo a un supuesto «respeto institucional».

Por último, al menos en cuanto se refiere a los hechos conocidos hasta el momento, la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo de Lanzarote emitió un informe en forma de alegaciones que fue remitido de manera extemporánea y por iniciativa propia al Juzgado.

La aportación de estas supuestas alegaciones supone, en la práctica, dejar de ejercer la acusación, ya que asume por completo las tesis de la defensa, negando que se produjera una contratación irregular y avalando la apropiación por parte de Ignacio Calatayud de las costas judiciales.

La emisión del citado informe y su remisión al Juzgado reviste una extraordinaria gravedad ya que está suscrito, como se ha señalado, por la directora adjunta de la Asesoría Jurídica del Cabildo, Maria Eugenia Torres, cuya amistad con Ignacio Calatayud es conocida públicamente, hasta el punto de que fue propuesta por el abogado como testigo de la defensa en los procedimientos sobre los que ahora ha informado.

Ante este cúmulo de irregularidades, el Partido Socialista se pregunta cómo es posible que se presenten escritos en contra de la acusación sin que lo hayan acordado ninguno de los querellantes, que no son ni el Cabildo ni su presidente, sino INALSA y el Consorcio.

Hay que recordar que las acciones emprendidas por ambas entidades son fruto de un informe del gerente del Consorcio e INALSA y de un potente y decisivo informe jurídico que recomendaba interponer los correspondientes procedimientos judiciales, una decisión que fue asumida y avalada por la Asamblea del Consorcio y el Consejo de Administración de INALSA.

Igualmente, la Asamblea del Consorcio y el Consejo de Administración de INALSA, ratificaron la recusación del juez Ricardo Fiestras, al entender que era lo más prudente para la defensa de ambas entidades sin que, sorprendentemente, el Juzgado haya solicitado la conformidad de dichos órganos para proceder a dejar sin efecto la recusación.

La portavoz socialista ha explicado que, por lo conocido hasta el momento, todas las decisiones de Oswaldo Betancort se han adoptado de manera irregular, sin formalizar ningún expediente y sin disponer de informes jurídicos que avalen sus arbitrarias decisiones ejecutadas, además, suplantando a los órganos de gobierno del Consorcio e INALSA y contraviniendo acuerdos anteriores de los mismos.

Ante la gravedad de estos hechos, González ha adelantado que el Grupo Socialista solicitará copia de todo lo actuado en los procedimientos contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud desde el día de la toma de posesión de Oswaldo Betancort, así como de todas las instrucciones que se han impartido al abogado y al procurador designados para la dirección y la representación legal del Consorcio e INALSA.

«Tras recibir la información solicitada, valoraremos las medidas de todo tipo que tengamos que adoptar» ha explicado la portavoz socialista que ha finalizado exigiendo a Oswaldo Betancort que ponga fin a este tipo de maniobras con las que tan solo pretende proteger a su compañero de partido a costa de los intereses públicos.