El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles un plan de choque para reforzar la atención inmediata a los menores migrantes no acompañados. El acuerdo, adoptado al amparo de la declaración de emergencia migratoria decretada el 1 de agosto de 2023, supone la incorporación urgente de 39 trabajadores a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.
Esta medida tiene como objetivo acelerar la tramitación de los expedientes correspondientes a los más de 5.500 niños y niñas migrantes que Canarias acoge en la actualidad, además de preparar el sistema de atención para la llegada de nuevos menores prevista en los próximos meses. Para ello, el departamento
dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias contará con 19 trabajadores sociales y 20 administrativos más.
El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno declara “el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias” lo que determina la “necesidad de incorporar profesionales de trabajo social y administrativos para dar respuesta, entre otros, a la tramitación de documentación, comunicaciones a la fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o protección internacional”.
Con el fin de agilizar la tramitación de todos estos expedientes administrativos y reforzar la atención a los menores migrantes, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias contará con carácter temporal con 39 funcionarios interinos destinados a la ejecución del programa de choque que se desarrollará en lo que resta de año y durante todo 2025. El acuerdo adoptado este miércoles por el Consejo de Gobierno cuantifica en 2,2 millones de euros el coste de este plan extraordinario: 582.000 euros desde agosto a diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio presupuestario.
El artículo 57.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, establece que no se podrán realizar nombramientos de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal y sustituto, “salvo en casos excepcionales y para atender necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, con objeto de garantizar la prestación de los servicios a la ciudadanía y el funcionamiento de la Administración”.
Además, el Consejo de Gobierno adopta este acuerdo amparado por el apartado 2.c) del citado artículo que especifica que “el nombramiento de personal funcionario interino podrá tener lugar para la ejecución de programas de carácter temporal que tengan por finalidad hacer frente a siniestros o catástrofes, o a
situaciones críticas de carácter social o sanitario, así como a otras situaciones que no puedan ser atendidas con los recursos ordinarios y que el Gobierno, mediante acuerdo, declare de carácter excepcional”.
En la actualidad, la comunidad autónoma acoge en solitario más de 5.500 menores migrantes no acompañados distribuidos en 80 dispositivos, la mayoría de ellos abiertos con urgencia gracias a la declaración de emergencia migratoria decretada por el Gobierno de Canarias el 1 de agosto del año pasado.