El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el voto favorable del representante de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias -y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma-, en la Junta General de la sociedad mercantil pública Gestur Canarias S.A. para autorizar la compra de acciones por parte del Cabildo de Lanzarote.
De esta manera el Cabildo de Lanzarote pasará a ser parte del accionariado de la empresa pública tutelada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, una vez que se celebre la próxima junta general.
En concreto, en el Consejo de Gobierno de hoy se ha aprobado la autorización para la compra de un total de 10 acciones por parte del Cabildo de Lanzarote que pasará a formar parte de la sociedad mercantil como accionista, junto al propio Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Cabildo Insular de La Palma y la empresa pública de vivienda Visocan, además de la propia autocartera que se reserva Gestur Canarias.
Con esta adquisición, el Cabildo de Lanzarote, que ya tenía la condición de medio propio de Gestur Canarias, podrá contar con la empresa pública para llevar a cabo todo tipo de proyectos no solo del propio cabildo sino también de sus organismos y entidades dependientes.
Entre las funciones recogidas en el objeto social de la empresa pública Gestur Canarias se encuentra el impulso de actuaciones vinculadas a los instrumentos de ordenación y planificación territorial, así como el desarrollo de proyectos de urbanización y actividad urbanizadora.
Además, la empresa pública puede gestionar la promoción y ordenación del suelo con fines industriales, comerciales, de servicios y residenciales.
Asimismo, Gestur Canarias está habilitada para asumir encargos relacionados con el planeamiento, proyectos urbanísticos y arquitectónicos, así como la elaboración de pliegos, licitación, adjudicación y ejecución de obras. También puede gestionar la tramitación de subvenciones, ofreciendo apoyo técnico y administrativo a las administraciones públicas.