El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado esta mañana una modificación presupuestaria de 1.893.787,21 euros para compensar los gastos derivados de la aplicación del decreto de playas anulado por la Justicia en 2023, en los que incurrieron los municipios de menos de 20.000 habitantes que no tienen obligación legal de disponer de servicios propios de Protección Civil.

La valoración económica de dichos gastos de vigilancia y socorrismo en playas fue acordada recientemente entre la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Consejería de Política Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, en la que se integra la Dirección General de Emergencias.

El acuerdo forma parte de una negociación abierta hace un año con la FECAM para afrontar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó la nulidad del decreto 16/2018, de 30 de julio, por no incluir ficha financiera y no tener rango de ley.

El acuerdo alcanzado con los municipios canarios incluye el compromiso de consensuar un nuevo texto que, respetando los principios de seguridad recogidos en el decreto anulado, permita disponer cuanto antes de una nueva norma legal para garantizar unas condiciones homogéneas de vigilancia y salvamento en las playas y zonas de baño de Canarias.

En el proceso de debate abierto para redactar un nuevo texto legal están participando también otros colectivos relacionados con la seguridad en el litoral, como asociaciones de socorristas, sindicatos o la Asociación Canarias 1.500 kilómetros de costa.