La Junta General del Consejo Insular de Aguas aprobó en la mañana de este viernes y por mayoría, declarar inicialmente la Emergencia Hídrica en las islas de Lanzarote y La Graciosa, por un periodo de 6  meses, al amparo del artículo 107 de la Ley de Aguas de Canarias y 198 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico de Canarias. 

La declaración, que salió adelante en la reunión del plenario celebrada en los salones del Monumento al Campesino, contó con 23 votos a favor, 3 votos en contra, los del alcalde de Tías, José Juan Cruz, y de Haría, Alfredo Villalba, que también votó en contra como representante de la Asociación Insular de Explotaciones Ganaderas, y las abstenciones del alcalde de Yaiza, Oscar Noda, y del representante de Comisiones Obreras, Fermín Feo. No asistió a la Junta General ningún representante del Ayuntamiento de San Bartolomé ni del grupo socialista en el Cabildo de Lanzarote.

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, impulsor de la iniciativa aprobada en el debate del Estado de la Isla del pasado mes de octubre, celebra la declaración de emergencia y apunta que «lo que los socialistas llaman ocurrencia, ha tenido el apoyo de la totalidad de los sectores representados en el Consejo». Y añade que «la financiación del Gobierno de Canarias, en la que he estado trabajando desde el minuto uno y hasta ahora mismo desde el Parlamento autonómico, está asegurada».

El consejero de Aguas del Cabildo, Domingo Cejas, que presidió la Junta General en calidad de vicepresidente del Consejo Insular de Aguas, destacó tras la reunión que «hoy hemos dado un paso importante para aportar soluciones a los múltiples y variados problemas que tenemos con el ciclo integral del agua». Cejas agradeció la participación de los 28 consejeros asistentes, representantes de la administración regional, insular y local, empresas públicas, asociaciones del sector primario, organizaciones de consumidores, sindicatos y patronales.

Con la aprobación inicial de la Emergencia Hídrica se da el visto bueno también a implementar las medidas que ya fueron propuestas por la Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote y descritas en el informe de situación del agua presentado en la Junta General por el gerente de esta entidad, Fernando Fernández, con las aportaciones del gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martín, quién señaló en su intervención que «estamos en una situación crítica, pero transitoria y reversible».

El viceconsejero de Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos José Lorenzo, que intervino a través de videoconferencia, mostró todo su apoyo y el del Gobierno de Canarias a la declaración de emergencia hídrica y puso en valor «los magníficos resultados que ha dado esa declaración en islas como Fuerteventura o Tenerife».

Las medidas van encaminadas al incremento de la producción mediante la incorporación provisional de plantas desaladoras portátiles, la rehabilitación de dos bastidores en las plantas de la Central de Desalación Díaz Rijo, que aumentarán la producción en 16.000 m3/día, la ampliación de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y asegurar el suministro del agua agrícola al sector primario.

Unas acciones que, para el gerente del Consorcio del Agua de Lanzarote, Fernando Fernández, «son prioritarias poner en marcha cuanto antes para conseguir, en primer lugar, el aumento de la producción y asegurar el abastecimiento».

Igualmente, se implantará un proyecto de sectorización y control de fugas, que ya tienen los ayuntamientos para emitir informes de compatibilidad urbanística, y se establecerá un contrato marco para la ejecución de reparaciones en redes por la vía de urgencia, además de adoptar iniciativas transversales para ahorrar agua en instalaciones y servicios públicos como playas y limpieza viaria, así como el fomento y la recuperación de la cultura del agua a través de aljibes y alcogidas.

La declaración aprobada hoy propone que las administraciones públicas tramiten por procedimiento de urgencia y por razones de interés público, en los términos del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las actuaciones en materia de aguas, siempre y cuando la reducción de los plazos no dé lugar a la caducidad de los procedimientos.

De igual forma, se insta a las administraciones públicas competentes para el otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias… necesarias para la ejecución de obras destinadas a la mejora de redes de abastecimiento, reducción de pérdidas, mejora y ampliación de centros de producción… en los términos del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de aquellos expedientes relacionados con la captación y/o producción de agua, de manera que sea el titular de la unidad administrativa competente quien dé orden motivada para dar prioridad a su tramitación.

El acuerdo de aprobación inicial se publicará en el Boletín Oficial de Canarias y en uno de los diarios de mayor circulación de la isla, por un plazo mínimo de 5 días hábiles, plazo durante el cual se podrán presentar alegaciones al contenido del mismo.

Recibidas las alegaciones, se procederá a su toma en consideración y se decidirá motivadamente sobre la procedencia o no de las medidas que se pudieran incorporar o modificar, de entre las propuestas recibidas en dicho plazo de exposición pública.

Una vez resueltas las alegaciones, se adoptará el acuerdo definitivo de declaración de la emergencia hídrica, por un plazo que no podrá exceder de 6 meses, prorrogable previo acuerdo de la Junta General,  y se impondrán las medidas destinadas a paliar la situación hídrica de las islas de Lanzarote y La Graciosa.

«Esperamos que en el mes de enero de 2025 ya esté plenamente activa la declaración de emergencia que, como saben, puede prorrogarse temporalmente en el caso de que la situación de desabastecimiento continúe», según señala Domingo Cejas.

La Junta General del Consejo Insular de Aguas también aprobó hoy el presupuesto de la entidad para 2025, que asciende a 1,7 millones de euros y la firma de un convenio con la Red Tributaria de Lanzarote.