El Cabildo de Lanzarote aprobó este jueves en el pleno celebrado en la isla de La Graciosa la moción presentada por el grupo de Gobierno para que se inste al Gobierno de España a desistir de reclamar pagos a los vecinos y vecinas de La Graciosa propietarios de parcelas afectadas por el deslinde marítimo-terrestre realizado en 1965.

El motivo de dicha moción es que, desde hace meses, el Ministerio de Hacienda está reclamando a los residentes de Caleta del Sebo, en La Graciosa, el pago de importantes sumas económicas, que en algunos casos alcanzan los 94.000 euros, argumentando que las parcelas donde se encuentran sus viviendas ocupan parte de suelo de dominio público. Esta reclamación afecta a vecinos y vecinas que son propietarios de estos terrenos desde hace más de 40 años.

En este sentido, el grupo de Gobierno se adhiere a esta posición y considera que es totalmente injusto que el Estado reclame ahora pagos a los vecinos por terrenos que han poseído legítimamente durante cuatro décadas.

El consejero Domingo Cejas recordó durante su intervención que el propio Ayuntamiento de Teguise expresó que esta interpretación por parte del Ministerio de Hacienda es errónea y ha solicitado al Estado retomar el acuerdo alcanzado en 2006 sobre la nueva delimitación y deslinde en Caleta del Sebo, en el momento de la aprobación del PRUG de la Isla de La Graciosa, documento que ha sido anulado posteriormente por fallo judicial.

“Defenderemos hasta el final los derechos de los vecinos de Caleta del Sebo. No podemos permitir que se aplique una normativa desactualizada que va en contra de los acuerdos alcanzados y que, además, ignora la realidad de una comunidad que ha cuidado y respetado su entorno durante décadas», añadió el consejero.

Por todo lo anterior, se aprobó en el pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa que inste al Gobierno del Estado a desistir de reclamar estos pagos a los vecinos y vecinas afectados y a retomar el acuerdo sobre la nueva delimitación y deslinde en Caleta de Sebo, tal y como se acordó en 2006 con la aprobación del PRUG de La Graciosa.

Como presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, reitera que “es incomprensible que se pretenda exigir ahora pagos desorbitados a los vecinos de La Graciosa, que han pedido ser legítimos propietarios después de 40 años. Es una cuestión de justicia y de respeto a la historia y los derechos de estas familias».

Por su parte, el vicepresidente de la Corporación insular, Jacobo Medina, aseguró que “no tiene ningún tipo de coherencia que, después de cerca de medio siglo, desde el Gobierno de España pretenda reclamar unos pagos inaceptables a los vecinos de la octava isla”.