El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la denuncia sobre la insalubridad en un centro de menores migrantes de Lanzarote, que ya está en manos de la Fiscalía de Las Palmas, demuestra que en el archipiélago están «desbordados» con la acogida.

En declaraciones a los periodistas ha indicado que «es triste» que esto esté ocurriendo en las islas y espera que sirva para «tomar conciencia» de las dificultades que hay en el archipiélago para garantizar los derechos de los menores, que están recogidos en tratados internacionales, no son «privilegios».

La red de solidaridad con las personas migrantes de Lanzarote ha cursado denuncia ante la Fiscalía y el Defensor del Pueblo sobre las condiciones sobre un centro de la Fundación Samu que no reúne las condiciones de habitabilidad.

Según la denuncia hay hormigas y cucarachas constantes, falta de limpieza general, no hay servicio de lavandería y la comida la sirve un catering externo de muy baja calidad, basada en pasta y pan duro en muchas ocasiones.

«Cuando pedimos instalaciones militares no es por fastidiar», ha comentado el presidente, subrayando que en la pasada legislatura se decía que la acogida era «insostenible» con 2.000 menores y ahora hay casi 6.000 bajo tutela de Canarias, con 80 recursos abiertos y sin capacidad de ampliarlos.

En cuanto al acuerdo sobre la reforma de la ley de extranjería, ha comentado que en el Ejecutivo siguen «siendo optimistas» porque se ha podido mejorar el texto inicial, incluyendo la financiación, y también es bueno que se celebre en las islas en la primera quincena de julio la conferencia sectorial para que las comunidades autónomas sean informadas y aporten sus sugerencias.

Ha apuntado que el «único grupo» parlamentario que se opone al acuerdo es Vox y ha circunscrito las dudas de Junts a que está en plena negociación con el Gobierno para el traspaso de competencias en inmigración.

No obstante, ha precisado que «los niños llegan a España» y por ello, «la solidaridad tiene que ser de todos», por lo que entiende que «como país» van a terminar dando una «respuesta adecuada» a todos esos menores y que en su opinión, debe ser vía decreto ley porque su aplicación es «inmediata».

 

Agencias EP