El presidente de Canarias mantuvo esta tarde una reunión con la nueva codirección de la CEAR; formada por Mónica López y Mauricio Valiente, así como su coordinador territorial en las islas, Juan Carlos Lorenzo, con los que coincidió en que la situación de los menores migrantes en Canarias es insostenible para las administraciones públicas, por lo que esperan que en breve se apruebe la modificación del art. 35 de la Ley de Extranjería.
Como se recordará este cambio legislativo, permitirá al Estado distribuir entre todas las comunidades autónomas a los menores que lleguen a Canarias para evitar situaciones de colapso que redundan en perjuicio de los niños y niñas que están bajo el amparo de la administración pública.
En este sentido, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, manifestó la posibilidad de que “a final de semana podamos contar con el documento, que es de extraordinaria necesidad dadas las previsiones de la ACNUR o la Guardia Civil, que estiman una llegada masiva de personas en los próximos meses de verano”.
Por otra parte, se refirió a la colaboración estrecha que siempre se ha mantenido con CEAR “y que vamos a seguir prolongando especialmente en proyectos relacionados con la emancipación de los menores para cuando pasen a extutelados”, afirmó.
En este sentido, Juan Carlos Lorenzo, advirtió que la dimensión del fenómeno migratorio está impidiendo el desarrollo de proyectos de integración que están en marcha y coincidió que hay que reforzar los itinerarios de inserción sociolaboral.
En el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo, Candelaria Delgado, aprovechó el encuentro para presentarles el protocolo con las 18 medidas para proteger y atender a la infancia migrante que ya presentó la pasada semana en Bruselas al director de Asuntos Horizontales, Migración y Asilo de la Comisión Europea, Michael Shotter.
La consejera explicó que “el objetivo del Gobierno de Canarias es que Europa, y España en concreto, tengan en cuenta estas 18 medidas de cara a la implementación del Pacto de Inmigración y Asilo, una propuesta de la Comisión Europea para todos los países, dirigidas a velar por los derechos de la infancia en todo el territorio europeo y que se fundamentan en la experiencia de Canarias como frontera sur, el reto al que nos enfrentamos a diario para atender y proteger a la infancia no acompañada”.
Las propuestas son: crear una red de recursos de primera acogida en zonas fronterizas; la habilitación de fondos de financiación comunitarios y plurianuales; la declaración de la emergencia social en territorios fronterizos; agilizar la determinación de la mayoría o minoría de edad así como dotar de los medios necesarios para realizarse; la atención a la diversidad; la atención a la salud mental con enfoque de infancia y culturalmente competente; la creación de itinerarios formativos para niñas y niños extranjeros; la creación del banco de familias de acogida; la formación especializada para detección y actuación en violencia sexual; cobertura jurídica a niñas y niños; la creación de programas de atención a jóvenes extutelados, un plan de formación a personal en materia de atención a la infancia; plan de retornos con garantías; un plan de reagrupamientos familiares dentro de la UE; ayuda oficial al desarrollo con perspectiva en materia de infancia y juventud; sistema integral de información; plan contra el racismo y la xenofobia; la creación de mecanismos de identificación y por último, el acompañamiento a las víctimas.