La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha valorado de forma muy positiva el plan contra el descontrol migratorio acordado este martes por el Partido Popular y el Gobierno de Canarias. Un plan, que se condensa en diez puntos, que se pondrá a disposición del Gobierno central en la búsqueda del consenso necesario para afrontar la crisis migratoria, un problema de Estado, que afecta directamente a las islas.

Astrid Pérez insiste en que si el Gobierno de Sánchez no ha afrontado la reforma de la Ley de Extranjería, que puede hacerlo mediante Decreto Ley, es sencillamente porque “no tiene voluntad política de hacerlo, porque no quiere y porque el problema migratorio le es ajeno”. “De hecho, hemos visto como ha sido un asunto que ni le ha preocupado ni le ha ocupado lo más mínimo en todos los años de gobierno en los que ha mirado para otro lado”.

“Hasta ahora, -apunta Pérez-, la realidad es que no hemos visto que Sánchez haya pedido permiso al Partido Popular para modificar otras normativas que sí le han interesado, como es el caso de la amnistía donde sí ha actuado de forma unilateral y con premura para mantener el apoyo parlamentario de los independentistas y sostenerse en el gobierno”.

Según la líder insular del PP, este acuerdo “da respuesta a la falta de política migratoria del gobierno de Sánchez y a la ausencia de medidas efectivas que hagan frente a la situación de emergencia a la que se ha llegado por la inacción del Ejecutivo”.

Astrid Pérez considera que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo ha mostrado una vez más su “sentido de Estado” con un acuerdo “serio y realista”que implica a todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

“Sánchez tiene una nueva oportunidad de pasar página, abandonar la política errática, y asumir su responsabilidad y sus competencias en materia migratoria y de extranjería”. “El Gobierno tiene que mirar de frente la realidad de migratoria y poner en marcha medidas en consonancia y consenso de las distintas comunidades”, señala Astrid Pérez, quien lamenta la falta de voluntad del Ejecutivo.

Para Astrid Pérez, el acuerdo responde a las necesidades en materia migratoria “al tiempo que cumple con el objetivo primero de salvar vidas, el que las personas sean atendidas con dignidad y que nuestro país no se convierta en refugio para las mafias que trafican con seres humanos “.