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El PP pide al Parlamento que condene la okupación ilegal y exija la tramitación ya de la Ley Antiokupas aprobada por el Senado

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Luz Reverón, mostró su preocupación por la constante alza de la lacra de la ocupación ilegal de viviendas en Canarias y criticó que el PSOE en el Gobierno de España “mire para otro lado cuando se han okupado más de 4.000 viviendas en los últimos 7 años en las islas desde que Pedro Sánchez llegó al poder”.

Reverón recordó que solo en 2024 se ocuparon ilegalmente en Canarias “más casas que nunca a un ritmo de casi dos casas ocupadas cada día” por lo que anunció que el Grupo Popular ha registrado una Proposición No de Ley para que el Parlamento autonómico condene la okupación ilegal e inste al Gobierno de España a derogar la actual Ley de vivienda que protege este fenómeno y desbloquear la tramitación de la Ley Antiokupas aprobada por el Senado.

“La okupación ilegal es un grave problema al que hay que plantar cara con un marco jurídico preciso, partiendo de la tolerancia cero hacia este fenómeno y la protección tanto de la propiedad privada, como de las personas en situación vulnerable”, afirmó la portavoz del GPP, Luz Reverón; quien resaltó que es incomprensible que los diputados socialistas canarios en el Congreso ignoren una preocupación de buena parte de la sociedad del Archipiélago ante el incremento de este fenómeno en un 76% desde 2018, según los datos del Ministerio del Interior.

“Una cifra -añadió- que nos muestra solo una parte del problema puesto que las estadísticas oficiales solo incluyen los delitos de allanamiento de morada o usurpación y se olvidan de aquellos casos de inquiokupación, es decir, los inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada”.

En este sentido, recuerda que la tramitación de la ley Antiokupas aprobada por el Senado permitiría el desalojo de la vivienda en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa. También se impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda okupada e incrementa las penas previstas, entre otras medidas.

Por este motivo señaló que es “incomprensible que el Gobierno de Sánchez mantenga bloqueada desde hace más de un año en el Congreso la tramitación de una norma que daría respuesta a la indefensión en la que se encuentran los propietarios de las 80.000 viviendas okupadas y de las 25.000 inquiokupadas que hay hoy en España”.

“La tolerancia con la ocupación no ayuda al más débil, sino que castiga a los barrios más humildes”, señaló Reverón y añadió que “desde el Partido Popular defendemos una postura de tolerancia cero con la okupación, además se hace necesario contemplar una convivencia vecinal pacífica y respetuosa”.

Por último, reiteró que “las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social por motivo de vivienda y la protección a las familias en situación de emergencia social nada tienen que ver con la okupación ilegal que regula la ley aprobada en el Senado”. “A un okupa no se le desahucia, se le desaloja; y al vulnerable, se le protege, sin que el Estado pueda trasladar a la ciudadanía sus propias responsabilidades en ninguno de estos dos casos”, finalizó.