Coalición Canaria ha acordado, esta mañana, proponer un paquete de medidas concretas para abordar el fenómeno migratorio y el reto demográfico desde los municipios, en unas jornadas en las que se han
reunido representantes públicos de la formación política de toda Canarias.Los debates se estructuraron en torno a dos mesas que trasladaron las conclusiones de los documentos que han venido trabajando en los últimos meses sobre ambos asuntos, bajo la coordinación de la secretaria ejecutiva de Municipalismo, Onalia Bueno.
En la mesa del reto demográfico participaron Lola García, José Manuel Bermúdez y Jessica Pérez; y en la del fenómeno migratorio, Echedey Eugenio, Alejandro Marichal y Rocío Armas.
El encuentro, que tuvo lugar en la Casa de la Juventud de Puerto de Rosario, en Fuerteventura, contó con la presencia del presidente de Canarias y secretario general de Coalición Canaria, que pudo compartir
con los ponentes y participantes las últimas acciones desarrolladas tanto en el marco de trabajo constituido en torno a la Conferencia de Presidentes como su reciente visita a Bruselas y la reunión del Pacto Migratorio Canario.
Clavijo recordó que, desde el partido, “tenemos que ser conscientes de la dificultad por la que atravesamos tanto desde el punto de vista social como político y esto genera en la sociedad un sentimiento de hartazgo y más aún cuando nos vemos solos ante la gestión de un fenómeno tan complejo como la migración”.
Ante esto, “la única respuesta es la ejemplaridad y el trabajo de nuestros cargos públicos, estén en el gobierno o en la oposición, porque la gente necesita respuestas a sus problemas, y nosotros siempre hemos tenido una vocación de escucha que siempre nos ha diferenciado de otras fuerzas políticas”.
En este sentido, el secretario general quiso poner de relieve que los asuntos que “hoy abordamos son fundamentales para el futuro de Canarias, como son el reto demográfico y la política migratoria, y necesitamos fijar nuestra posición con los ayuntamientos, como las instituciones más cercanas y de primera respuesta ante todo lo que sucede en nuestro territorio”.
Su capacidad de actuación se está viendo sobrepasada por falta de recursos y personal, “no solo ante la inmigración, sino ante la falta de vivienda, al envejecimiento de la población y la fuga de talento joven
que afectan especialmente a los municipios de menos de 10.000 habitantes”, aseguró.
Entre las estrategias y propuestas planteadas por los representantes de CC para afrontar el reto demográfico, Jessica Pérez detalló las siguientes: desarrollar políticas de cohesión territorial, facilitando
inversiones de infraestructuras en las islas menos pobladas; fijar población a los territorio con medidas fiscales y descentralizar servicios; fomento de la natalidad y conciliación familiar a través de subsidios, permisos de maternidad y paternidad extendidos y programas de apoyo y acceso a servicios de cuidado infantil; atracción y retención de talento y evitar la emigración de jóvenes cualificados favoreciendo oportunidades de empleo en sectores estratégicos, como la tecnología, energías renovables y economía azul; promover la educación y formación profesional en las áreas con demanda laboral local; y el
desarrollo sostenible y la diversificación económica a través de sectores alternativos como la agroindustria, las energías renovables y las nuevas tecnologías que, por sus características, acusan menos el coste de la insularidad y la lejanía.
Para José Manuel Bermúdez, “no es sostenible que aumente la población de Canarias en 431.000 en los últimos 20 años, por lo que es fundamental que las políticas públicas se coordinen entre las diferentes
administraciones para garantizar un enfoque integral y adaptado a las particularidades de Canarias”.
En este sentido, y tal y como señaló Bermúdez “el crecimiento poblacional genera una presión considerable sobre el empleo y los recursos de los servicios públicos además de una situación de ansiedad
entre la población, especialmente en Tenerife, Gran Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, porque hay 27 países europeos cuyos ciudadanos tienen libertad para instalarse aquí”.
Por ello, cuando se habla de inmigración, señaló Lola García “también nos referimos a los europeos y a los latinoamericanos, tanto si deciden establecer su residencia en las islas como si solo pasan alguna
temporada en ellas. Principalmente los de la UE, tienen un poder adquisitivo sustancialmente mayor al de la población local lo que, sin duda, nos presenta un reto importante vinculado, de manera concreta, a
su influencia en el mercado inmobiliario y, en suma, en la calidad de vida”.
Si bien la limitación del acceso a la vivienda a extranjeros no residentes, contradice el Tratado fundacional de Europa, García explicó que también, estipula que esa limitación se podría hacer efectiva por “razones imperiosas de interés general como las que se dan en Canarias”. Fenómeno migratorio
En cuanto al fenómeno migratorio, los representantes de CC advierten que los ayuntamientos canarios no tienen competencias directas en ese asunto, pero “su papel en la gestión de la crisis es fundamental para
garantizar una respuesta humanitaria, prevenir tensiones sociales y articular demandas hacia los niveles superiores del Gobierno”, insistió Echedey Eugenio.
Hay que tener en cuenta que una cuarta parte de los municipios canarios (22 de 88) la población de origen extranjero representa más de una cuarta parte de su empadronamiento en 2022. Y, además, “Canarias ha recibido más de 40.000 migrantes en 2024 y tiene la tutela de unos 5.400 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados”, señaló Rocío Armas.
“La situación es insostenible y la ausencia de respuestas eficaces por parte del Gobierno de España y la Unión Europea nos obliga a gestionar una crisis en solitario tratando de buscar las mejores soluciones para que no derive en un problema de convivencia”, añadió.
En este escenario, la capacidad de los ayuntamientos es limitada para afrontar este desafío por la escasez de recursos económicos y humanos y por ello proponen que “los Ayuntamientos contaran con recursos
necesarios para financiar los sobrecostes derivados de la crisis migratoria, creando una nueva línea de financiación para los más afectados una vez cuantificado el impacto sobre los servicios públicos
que se ven sobrecargados.”, apuntó Alejandro Marichal.
Para coordinar una mejor respuesta, se ha propuesto impulsar un foro interterritorial local, autonómico e interministerial con el fin de garantizar la coordinación y la búsqueda de alternativas, sin olvidar
que esta situación no será temporal, sino que será constante en los próximos tiempos.
Por ello resulta imprescindible, además, “prestar atención a la deriva que pueden tomar los discursos de odio y racista y promover la integración cultural, manteniendo nuestra propia identidad”, concluyó.