El diputado por Lanzarote y La Graciosa, y presidente insular de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Yoné Caraballo, quiere salir al paso de las declaraciones del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que al ser preguntado en una entrevista por el rechazo de NC-bc a instalar carpas en los muelles para ubicar a menores migrantes no acompañados, respondió que si “NC tiene alternativas a las carpas, que las proponga”.

Caraballo quiere recordar, en primer lugar, que “el rechazo no sólo viene de NC-bc, sino de la fiscal de extranjería de Las Palmas que se pronunció en contra de utilizar estos recursos para tratar a los menores, dado que se estaría vulnerando la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección de la Infancia española, además de diferentes colectivos sociales y ONGs que también se han manifestado contrarias a estas prácticas”.

En relación a la justificación que hace Clavijo de que en la legislatura pasada el gobierno de progreso tuvo en los muelles a personas migrantes, Caraballo entiende que “precisamente por la experiencia acumulada de estos años no debemos cometer los mismos errores”, errores, prosigue el diputado, “que utilizó torticeramente CC y PP en la legislatura pasada para arremeter duramente contra el gobierno del PSOE y NC con argumentos demagógicos, como en ocasiones utilizó la alcaldesa de CC en Mogán en relación al muelle de Arguineguín o Astrid Pérez en Arrecife”.

“En NC-bc siempre hemos tratado la realidad migratoria de forma sensible, sin demagogia ni oportunismo, primando, primero, el bien de las personas que llegan y que tenemos que atender de la forma más humana y garantista posible a sabiendas de que Canarias no puede quedarse sola en esta atención”, sostiene Caraballo, que recuerda que por ello su organización política “propuso el año pasado al Cabildo Insular de Lanzarote y al Gobierno de Canarias que previeran nuevos recursos de acogida, puesto que es evidente que ya no estamos ante un fenómeno sino ante una realidad que no va a cesar”.

Desde la organización canarista siguen sin entender para qué sirve la declaración de emergencia social decretada en julio por parte del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, si a fin de cuentas no garantiza el fin objeto de esta, que es “salvaguardar el derecho del menor y hacer uso de recursos del cabildo susceptibles de albergar a los menores en una situación extraordinaria”.

“Estamos viendo una utilización espuria de la declaración de emergencia, puesto que no sirven sino para sacar una nota de prensa y una foto y no para gestionar los problemas que dan justificación a la misma”, mantiene el diputado canarista, que recuerda que en la actualidad hay decretadas varias emergencias, “la climática, la social, la energética y la habitacional, sin prácticamente resultados positivos”.