El Ministerio de Trabajo y Economía Social volverá a reunirse este lunes por la mañana con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme tras ofrecer en el último encuentro de la mesa de negociación la posibilidad de incorporar paulatinamente la jornada laboral de 37,5 horas semanales a lo largo de 2025, en lugar de implantar su vigencia desde el 1 de enero de dicho ejercicio, todo con el objetivo de atraer hacia el acuerdo a CEOE y Cepyme.
Trabajo considera que esta mayor flexibilidad en la aplicación del recorte de jornada contribuirá a que las patronales se sumen a un posible acuerdo, porque ya no existirían «objeciones de calado» a esta medida, comprometida en el pacto de Gobierno entre PSOE y Sumar.
No obstante, a tenor de las declaraciones de CEOE y Cepyme de los últimos días, las organizaciones empresariales siguen sin estar por la labor de que se les imponga un recorte de la jornada laboral.
De momento, el Ministerio que encabeza Yolanda Díaz se mostró abierto a negociar con los agentes sociales en varios ejes: la incorporación paulatina de la reducción de jornada a lo largo de 2025 «introduciendo más permisos adicionales o más vacaciones» u otro tipo de medidas; un mayor margen para la distribución irregular de la jornada laboral, y el derecho a la desconexión digital, que ya se encuentra en el reglamento laboral, pero en el que quiere profundizar en plena época de transición digital.
En cuanto a la distribución irregular de la jornada, actualmente las empresas pueden distribuir irregularmente hasta un 10% de la jornada anual. Lo que propuso Trabajo es que ese 10% quede referido a la jornada que tuvieran las empresas a la entrada en vigor de la norma y no a la nueva jornada reducida.
Según Trabajo, este mayor margen puede beneficiar, por ejemplo, a aquellos sectores con ciclos productivos inconstantes a lo largo del año, como la agricultura o algunas actividades relacionadas con la hostelería, donde hay una mayor carga de trabajo en verano o en el momento en que hay que recoger los frutos.
Con estos mimbres, Trabajo quiere cerrar lo antes posible un acuerdo con los agentes sociales que incluya a CEOE y Cepyme, aunque por ahora no ha concretado si esta oferta de flexibilidad en la aplicación de la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales implica renunciar a contar ya en 2024 con la jornada de 38,5 horas semanales, tal y como se recogía en el acuerdo de coalición.
Y es que el objetivo del Ministerio es alcanzar un «acuerdo de país que tenga vigencia durante varias décadas y que sea realmente efectivo, ya que están cansados de medidas ‘fake’ y de bisutería», según palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
«Una medida tan importante como esta, de carácter estructural, debe contar con el sello de los interlocutores sociales», afirmó Pérez Rey tras la última reunión de la mesa. Esta meta podría suponer que la negociación se alargara un poco más con el objetivo de conseguir incluir a todos los agentes sociales.
De hecho, la idea de Trabajo es «apurar al máximo los márgenes temporales con el fin de alcanzar un gran acuerdo de país para las próximas generaciones».
«Lo que está claro es que no vamos a dejar caer un acuerdo en el contexto de confianza y construcción recíproca que se produce en la mesa de diálogo social por intentar acelerar unas semanas el cierre del texto», declaró hace unos días Pérez Rey. Así, lo que propone Trabajo ahora es una reducción de jornada «menos abrupta, ya que cuenta con todo el colchón de 2025».
Por su parte, CCOO y UGT han advertido de que, de no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión de este lunes para reducir la jornada laboral, convocarán para principios de septiembre una batería de movilizaciones, aunque seguirán negociando.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, considera que la negociación entre Gobierno, sindicatos y patronal para reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025 ha entrado en «bucle».
«La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre. O sea, yo no veo otro escenario porque en este momento los movimientos que hace el Gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en CEOE», señaló hace unos días el dirigente sindical.
De hecho, Sordo no ve «ninguna posibilidad de acuerdo» sobre la reducción de la jornada laboral en el corto plazo. «La razón es que CEOE todavía no ha dicho explícitamente que esté por la labor de negociar una reducción del tiempo de trabajo», indicó hace unos días.
Esta falta de acuerdo a corto plazo implica, según Sordo, tratar de desbloquear la situación mediante una movilización, o instar directamente al Gobierno a que tome cartas en el asunto y busque los apoyos para un proyecto de ley que reduzca la jornada a 37,5 horas en 2025.
Por otro lado, el Gobierno firmará este lunes los convenios que movilizarán 6.000 millones de euros a través del ICO para la construcción de más de 40.000 viviendas de alquiler asequible durante los próximos cincuenta años, según adelantó el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, suscribirán los convenios entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por el que se movilizarán estos 6.000 millones de euros en forma de préstamos y avales a promotores públicos y privados.
Se trata de fondos vinculados a la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia donde se creó una nueva línea de préstamos de 4.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda. Además, el Gobierno de España ha creado una línea de avales para estos préstamos por un importe de 2.000 millones de euros.
El acto contará con la presencia de ambos ministros, así como el presidente del ICO, José Carlos García de Quevedo, y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.
«La apuesta del Gobierno es el incremento del parque público de vivienda a los estándares europeos, al menos el 9%, y lo vamos a conseguir apoyándonos en la colaboración público-privada. Creo que es el prototipo del modelo que tenemos que extender para ampliar ese objetivo de un parque público de vivienda», ha defendido recientemente Rodríguez.
La línea ICO – Vivienda es uno de los cinco fondos ICO vinculados a los préstamos de la segunda fase del Plan de Recuperación y tiene por objetootorgar financiación de proyectos dirigidos a incrementar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible, así como a mejorar el parque de vivienda social ya existente.
En cuanto a la reforma de las pensiones, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones volverá a reunir este lunes a la mesa de diálogo social sobre pensiones, en busca de avanzar hacia un principio de acuerdo tras remitir a los agentes sociales los textos normativos sobre los asuntos que se están negociando.
En esta mesa se están dirimiendo cuestiones como la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social, los coeficientes reductores en actividades penosas y peligrosas a establecer para anticipar la jubilación, la recuperación del coeficiente multiplicador del 1,5 en trabajadores fijos discontinuos y la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, entre otras.
En cuanto al planteamiento para la jubilación parcial general, el Gobierno ha propuesto ampliar de 2 a 3 los años para la posibilidad de anticipo. Además, como en el caso de la industria manufacturera, se ha trasladado la mejora de las condiciones de trabajo del relevista y un nuevo planteamiento más equilibrado y flexible para la empresa de la jornada de trabajo del relevista y del pensionista.
Desde UGT se denunció que la «contrapartida» que debían asumir los trabajadores para este anticipo de 3 años es que tenían que acumular una cotización de 38 años y medio, aunque en la siguiente reunión se retiró esta cuestión de la mesa.
El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, explicó esta semana tras la última reunión que aún queda alguna materia en ese apartado, ya que el Gobierno está planteando aumentar a 34 años el requisito de acceso a la jubilación parcial con contrato de relevo en lugar de los 33 actuales.
«Eso tiene una afectación a un número de gente limitado, ciertamente, pero son muy mayoritariamente mujeres y por tanto los elementos que tienen sesgo de género para nosotros hemos planteado que no tienen ningún sentido», señaló.
Además, el sindicato analizará la propuesta sobre la calidad del empleo de las personas relevistas, es decir, quién entra en lugar de la persona jubilada parcial, que tiene que mejorar la calidad del empleo porque era una parte fundamental de los requisitos.
«Y la calidad de empleo del relevista significa que sean personas con un contrato indefinido, a tiempo completo, en un puesto de trabajo no amortizable y con una base de cotización que mejoraba la anterior», explicaba Bravo.
Por último, este lunes Clavijo convoca el Foro Canario de la Inmigración y se reúne en Madrid con ONG para analizar la crisis migratoria. afianzará en los próximos días la coordinación en la respuesta a la crisis migratoria con la convocatoria del pleno del Foro Canario de la Inmigración, órgano del máximo nivel institucional que agrupa a todos los actores implicados en afrontar este reto estructural.
También para analizar la crisis migratoria, el presidente y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantendrán una reunión este lunes en Madrid con responsables de Unicef, Save the Children, ACNUR España, Cruz Roja, Cruz Blanca, CEAR, Amnistía Internacional, la Asociación Convive Fundación CEPAIM y la Asociación ACCEM, especializadas en la atención a los migrantes.
Clavijo persigue con estas reuniones realizar un amplio análisis de la situación migratoria actual y de las previsiones para los próximos meses. La llegada de los meses con mejores condiciones de navegación hace temer al Ejecutivo un repunte de la Ruta Atlántica incluso superior al experimentado en los primeros meses del año, donde ya han arribado a las costas canarias más de 20.000 personas.
Junto con la consejera de Bienestar Social, Fernando Clavijo acudirá al pleno del Foro Canario de la Inmigración que se celebrará el próximo martes en Santa Cruz de Tenerife para exponer en especial la situación límite que vive la comunidad autónoma con la acogida en solitario de más de 5.600 menores migrantes no tutelados.
El Foro Canario de la Inmigración es un órgano asesor del Gobierno creado en 2000. Reúne a representantes del Ejecutivo autonómico, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam), el Gobierno central, asociaciones de atención a personas inmigrantes o refugiadas, organizaciones no gubernamentales, entidades sindicales y empresariales y organizaciones vecinales.
Agencias EP