Canarias registró al cierre del año pasado 15.872 infracciones penales por fraude informático, lo que supone un 35,7% más que en 2022, cuando se produjeron 11.699 infracciones, y cinco veces más que en 2018, cuando hubo 3.097, según el estudio ‘El fraude informático en España 2024’ del Grupo Logalty.
En España, el pasado año se contabilizaron 426.744 fraudes informáticos, un 27% más que en 2022, cuando hubo 335.995, y el triple que en 2018 (136.656). Las autonomías que encabezaron este incremento fueron Andalucía (47,6%), Región de Murcia (41,8%) y Comunidad Valenciana (40,6%). La Rioja fue la única que experimentó un descenso (-5,3%).
Este tipo de cibercriminalidad se concentra en tres autonomías: Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía. Y es que las tres sumaron el 49% de los fraudes informáticos detectados el año pasado en España -uno de cada dos infracciones de este tipo-, que en cifras absolutas corresponde a 218.573 casos. Las tres contabilizaron una media de 599 fraudes al día. Más allá de las tres, también destaca el volumen de fraudes informáticos registrado en Comunidad Valenciana (40.835 casos), País Vasco (25.059 casos) y Castilla y León (22.642 casos).
A nivel provincial, también se detecta un crecimiento interanual generalizado de los fraudes informáticos, con la única excepción de Ourense (-13,6%) y La Rioja (-5,3%). Las provincias con mayor número de casos diarios son Madrid (198), Barcelona (145), Valencia (59) y Sevilla (47).
El análisis publicado por Grupo Logalty eleva la importancia de implantar tecnologías en el seno de las organizaciones ante la oleada de ciberataques contra grandes empresas de España en los últimos meses, así como los crecientes fraudes informáticos que surgen del robo y de la comercialización de datos de personas particulares.
María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva de Grupo Logalty, ha indicado que «atravesamos un momento crítico en el que las empresas se enfrentan al desafío de optimizar la gestión y protección de sus datos y los de sus clientes. Es fundamental la implementación de tecnologías que eviten los posibles ciberataques y su consecuente robo de datos; así como la detección de cualquier intento de suplantación de identidad para obtener un beneficio fraudulento».
Grupo Logalty destaca cinco claves principales para que las organizaciones puedan hacer frente al auge de este tipo de infracciones penales en España. En primer lugar, incorporar tecnologías robustas orientadas a la protección de los datos y a la verificación de la identidad de las personas, para confirmar su validez en todo tipo de transacciones.
También aconseja estar al día e implementar de forma continua los últimos avances tecnológicos y las últimas actualizaciones para estar a salvo, así como desarrollar políticas de privacidad y auditorías regulares para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Otra recomendación pasa por establecer protocolos de actuación claros y ágiles para responder con eficiencia a posibles incidentes, además de concienciar a los empleados en el seno de las organizaciones sobre la importancia de la prevención y de la gestión responsable de los datos corporativos internos.
«En los últimos tiempos, la evolución vertiginosa de la tecnología ha derivado en más posibilidades para que los cibercriminales cometan delitos», añade María Dolores Pescador. «Los casos de robos de datos y falsificación de documentos de identidad como DNIs o pasaportes se han multiplicado recientemente, gracias a la Inteligencia Artificial, entre otras tecnologías. Solo con más tecnología las empresas pueden contrarrestar la efectividad de estas herramientas cada vez más sofisticadas para proteger y verificar la identidad de las personas», concluye.
Agencias EP