La parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) Carmen Hernández denunció hoy la cronificación de los problemas de las infraestructuras judiciales por la falta de voluntad política del Gobierno de CC y el PP. La diputada del grupo canarista se mostró muy preocupada por la evolución creciente de la violencia contra la infancia y la adolescencia y contra la mujer. Hernández volvió a defender la necesidad de extender en Canarias los protocolos del pionero juzgado de Instrucción
número 3 de Las Palmas de Gran Canaria especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia al mismo tiempo que volvió a recriminar el recorte presupuestario en 2024 del pacto de las derechas en materia de violencia contra la mujer.

En el debate tras la presentación, en comisión, de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del 2023, Carmen Hernández puso en evidencia la inquietud de NC-BC por la situación del sistema judicial en el Archipiélago y la cronificación de algunos problemas como el de las infraestructuras.

Se refería a los partidos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de La Palma, los Llanos de Aridane, Granadilla de Abona, Puerto de la Cruz y San Bartolomé de Tirajana. En similares términos se expresó en relación al caso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife.

Para el grupo canarista, la causa es la “falta de voluntad” del Ejecutivo y de poner la “maquinaria” administrativa al servicio de este objetivo. Se requiere un compromiso económico del poder ejecutivo, demandó, que “no le dedica los recursos” necesarios a la administración de justicia a pesar de haber incrementado el presupuesto para 2024 en 1.121 millones de euros. “No es un problema económico”, tal y como recriminó, cuando la primera medida del Gobierno de CC y el PP fue suprimir el impuesto de Sucesiones y Bonificaciones a los ricos.

Con respecto al procedimiento administrativo, avisó que la justicia no es ajena a los problemas con las infraestructuras públicas, en general. Existen también en materia de vivienda y en educación, principalmente, y la razón, la “ineficacia” de la administración para disponer de proyectos, el suelo y la ejecución de las obras, según Carmen Hernández.

“Absoluta preocupación” fue la emoción expresada por la diputada canarista al constatar que las denuncias por violencia contra la infancia y la adolescencia crecieron un 95 por ciento. Tras considerar que el positivo trabajo realizado por el juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero del Estado especializado en la materia, ha contribuido a exponer la cruda realidad de este problema; volvió a defender la necesidad de extender, en todas las islas, algunas de las medidas y protocolos usados por el mismo.

En el mismo sentido se pronunció con el aumento de un 17,2 por ciento de las denuncias por violencia machista sin olvidar y reiterar la denuncia del recorte presupuestario en 2024 decidido por CC y el PP en esta materia a pesar de las enmiendas defendidas por NC-BC para corregir este grave error.

A pesar de las dificultades y la carga soportada, resaltó la eficacia de las sentencias por juez, que está por encima de la media del Estado con 321 sentencias por juez frente a la media del Estado de 277. También la mejora de la media estatal en cuanto a la duración media del dictado de la sentencia en primera instancia que es la cuarta mejor del Estado y la eficacia de los tribunales ya que los fallos son confirmados, en el Tribunal Supremo, en un 99 por ciento de los casos.

La elevada litigiosidad fue referida para advertir que está vinculada, en parte, por el importante aumento de la población y el reto demográfico que afronta el Archipiélago. La extensión del expediente electrónico, para Carmen Hernández, es una “obligación” que debe afrontar el Gobierno canario con recursos y medios.