Gobierno de Canarias y Gobierno del Estado ultimaron este lunes el acuerdo para la distribución de los menores no acompañados entre todos los territorios y se emplazaron a definir en un plazo de 15 días la fórmula si será vía real decreto ley como defiende el Gobierno de Canarias, que podría resolver en el plazo de un mes el colapso de la red de acogida en las islas que alberga ahora mismo a  5.477 menores, o proposición de ley como propone el Estado, y que alargaría la situación mínimo tres meses.

Esta precisamente es una de las diferencias que mantienen ambos Gobiernos, según trasladó el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, tras la reunión mantenida hoy con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la que también intervinieron vía telemática, las ministras de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Inclusión, Elma Saiz, así como, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que defendió la figura del real decreto ley que “permitiría sacar adelante la reforma en un tiempo menor y nos va a permitir tener a los niños y niñas mejor atendidos y más protegidos, que es el objetivo que no debemos perder de vista”.

El acuerdo alcanzado hoy entre ambos Gobiernos se aplicará solo a los territorios que se encuentran en situación de emergencia migratoria, es decir, en estos momentos a Canarias, Ceuta y Melilla. Lo que sí se ha confirmado es que en todo caso supondría la salida de las islas a otros territorios de 2.500 menores no acompañados en un plazo máximo de 12 meses, atendiendo a los criterios vigentes, fijados por la Comisión Sectorial de Migración en 2022. En este contexto, el criterio para definir la situación de saturación de un territorio es cuando supere en un 150 % su capacidad, lo que activaría de forma inmediata el traslado de estos menores a otra comunidad autónoma. Esta precisamente es otra de las diferencias que mantienen Gobierno de Canarias y Estado, el primero defiende que ese traslado sea en un plazo máximo de quince días, mientras que el Ejecutivo estatal propone que sea en un plazo de tres meses. 

La tercera diferencia entre ambas administraciones radica en el procedimiento de asignación una vez el menor es acogido. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, defendió que el Estado “realice esa asignación junto a la tutela a la comunidad autónoma que le corresponda desde un primer momento”, tal y como se ha defendido también en el seno del Pacto por la Migración.

En los próximos 15 días deberían quedar resueltas estas tres diferencias. Al respecto, el presidente canario valoró “la voluntad de llegar a acuerdos, lejos del ruido de Madrid se ha impuesto el modo canario para dar respuesta al drama humanitario que vive Canarias y garantizar un presente y un proyecto de vida a los menores que llegan a Europa a través de las islas”, concluyó.