El senador de Coalición Canaria (CC), Pedro San Ginés, ha valorado el archivo que ha decretado el Tribunal Supremo de la causa judicial abierta contra su persona por presuntos delitos de denuncia falsa y
falso testimonio, y ha subrayado que el alto tribunal actúa en consecuencia “debido a la clara razón partidista que dio origen a esta causa basada en calumnias e insidias”. En este sentido, San Ginés destaca que esta situación se ha alargado durante varios años porque, “como ahora ha quedado en evidencia, se ha producido una instrucción escandalosa que se ha demostrado que no era la correcta”.

Pedro San Ginés se ha referido en estos términos a la decisión comunicada el pasado viernes por el Tribunal Supremo según un auto de archivo fechado el miércoles anterior después de que el senador
nacionalista compareciera de forma voluntaria para declarar el martes 16 de abril. “Como ha quedado ahora probado, el Tribunal Supremo no tardó ni veinticuatro horas desde mi declaración para concluir que no había causa, que el auto de apertura de juicio oral decretado por el juez Jerónimo Alonso, tras años de escandalosa instrucción no era correcto”, señala el parlamentario de CC, “por lo que se ha resuelto el archivo de la causa y la suspensión del juicio por las razones que ya han sido
publicadas y que se pueden leer en este nuevo auto judicial”.

El senador nacionalista resalta “contenidos explícitos que no dan lugar a ningún tipo de duda” en el auto de archivo del Tribunal Supremo como el apartado en el que el alto tribunal afirma que “no es posible
sostener, como lo lleva a cabo el auto de 9 de febrero de 2022, que las declaraciones de Pedro Manuel San Ginés conlleven la posible consideración de la comisión de un delito de acusación y denuncia falsa
o de delito de falso testimonio prestado en causa penal, cuando existen razones objetivas que avalan la ‘posibilidad’ de abrir la investigación por hechos que podrían consistir en irregularidades en procedimientos de contratación y que son denunciados” y que, como se asume en el auto de archivo, su denuncia se basó “en informes elaborados objetivos al respecto y en declaraciones constatadas y objetivas así avalan la existencia de posibles irregularidades que, en cualquier caso, a quien afectaban en principio era al señor [Carlos] Espino”, quien por entonces era secretario general del PSOE en la isla de Lanzarote.

En este sentido, en una opinión ahora avalada por el auto de archivo del Tribunal Supremo porque “en diligencias practicadas no consta la intención de faltar la verdad [sino] precisamente, todo lo contrario”,
Pedro San Ginés se ha reafirmado en que “es la pura verdad que nadie ha podido desmentir ni desmentirá, como dije en 2009 ante la UCO, sostuve en 2011 y 2019 durante la instrucción el juicio y ratifiqué ante el Supremo, es decir, que por orden del exsecretario insular del PSOE y exconsejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino, se pagaron a dos empresas del padre de la denunciante más de 150.000 euros a cada una sin contrato, y que a la única empresa que tenía contrato por 224.000 euros se le pagaron más de 700.000 euros con importantes sobrecostes sobre el precio de mercado certificados por un peritaje judicial”. “Ahora”, añade el senador de CC, “queda en evidencia que se realizaron operaciones ilegales, como declaró en sede judicial que le advirtió el director económico y financiero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo” del Cabildo insular.

Como balance definitivo de la causa judicial ahora archivada por el Tribunal Supremo, Pedro San Ginés apunta a su origen en la querella presentada por la hija de uno de los investigados (ya fallecido) y pone
en evidencia que esta actuación fue “instigada” por Carlos Espino y por la expresidenta insular Dolores Corujo para que “se me condenara a tres años y medio de prisión, y al pago de indemnizaciones millonarias por hundir a la empresa Climafrical y por la pérdida de unas fincas que sus padres habrían hipotecado por mi culpa, aportando para ello una auditoria de la empresa que lo acreditaría”. Y en este ámbito, abunda San Ginés, “el colmo de esta desfachatez es que es su propia auditoría la que demuestra que la empresa ya estaba hundida años antes de la denuncia que interpuso Astrid Pérez por acuerdo del Consejo y que las fincas también estaban hipotecadas años antes de esa denuncia o de mis testimonios”.

«En definitiva”, incide el senador, “se ha desarrollado un verdadero despropósito con fines políticos y económicos nada edificantes”.

Después de lamentar verse en la obligación de “tener que volver a hablar de este asunto”, San Ginés explica que “lo hago porque uno de sus miembros decidió removerlo, asegurando en su querella contra mí y, ya públicamente, que es conocido por toda la sociedad de Lanzarote que para el señor San Ginés, en su lucha por el poder, todo vale, incluyendo la utilización de la calumnia, la falsa denuncia o el falso testimonio”.

“Por fortuna”, asegura el senador nacionalista, “el tiempo ha demostrado quiénes protagonizaban las calumnias y falsedades, olvidando que yo también tengo familia, que tenía padre y madre, y que esta última falleció mientras yo estaba imputado por una falsa denuncia. La diferencia es que mi madre no vendió nada sin contrato y a precios inflados a los CACT, ni yo ordené su compra, como sí hicieron Espino y sus colaboradores necesarios en los centros turísticos”.

Finalmente, en el plano político, Pedro San Ginés considera que el PSOE en Lanzarote y su dirección regional “deberían tomar buena nota de lo que han hecho Dolores Corujo y Carlos Espino, abusando del poder institucional para intentar engañar a los tribunales y que los medios de comunicación amplificasen unos supuestos hechos falseados grosera y delictivamente desde el Cabildo de Lanzarote bajo la  presidencia de Dolores Corujo”.