La portavoz del Grupo Socialista, Ariagona González, ha acusado a Oswaldo Betancort de mentir de manera descarada con la ejecución de la sentencia que obliga al Consorcio del Agua de Lanzarote a devolver a sus propietarios el suelo ocupado de manera irregular por la entidad pública en el que se ubica el tanque que regula el suministro de agua a la población de Órzola.

González ha recordado que el conflicto con el tanque de Órzola se produjo durante el último mandato de Pedro San Ginés que, a pesar de ser conocedor de la ocupación irregular de la finca de un particular, optó por enfrentarse en los tribunales a la familia propietaria del suelo y convertir el procedimiento en un arma política, dada la condición de consejero del Cabildo de uno de los miembros de la familia.

La actuación del Consorcio bajo el mandato del anterior presidente fue tan grosera, que mereció el reproche de los tribunales en una dura sentencia en la que se llegó a acusar a la entidad pública de mala fe y en la que se le obligaba a la entrega del suelo y las instalaciones a los propietarios de la finca, dejando abierta la posibilidad de que los propietarios del terreno reclamaran al Consorcio el lucro cesante por la ocupación irregular de su suelo durante más de cuarenta años.

La consejera ha explicado que la sentencia contra el Consorcio se produjo durante el mandato de San Ginés y que se hizo firme el 23 de diciembre de 2020.

A partir de ese momento, el gobierno de Corujo llevó a cabo una gestión exquisita del expediente, encargando a la Gerencia del Consorcio que estudiara y propusiera la solución más adecuada a los intereses públicos, de acuerdo con la dirección letrada del procedimiento, nombrada por el anterior presidente.

Tras el estudio de las diferentes alternativas, que incluían la construcción de un nuevo tanque en suelo diferente al ocupado y la modificación de la red de distribución, se comprobó que la solución más económica pasaba por aceptar la propuesta realizada por los propietarios de la finca afectada que, además, renunciaron a exigir el lucro cesante en unas negociaciones que llevaron de manera directa los letrados de la familia y el Consorcio del Agua.

A la vista de los informes, la Asamblea del Consorcio autorizó el acuerdo con la familia propietaria del suelo y cuando Oswaldo Betancort tomó posesión tan solo quedaba proceder formalizar el acuerdo y proceder al pago acordado con la propiedad.

González ha explicado que en contra de lo afirmado por Oswaldo Betancort en una nota plagada de falsedades, el gobierno de Loli Corujo cumplió de manera diligente y escrupulosa con sus obligaciones actuando con el mayor nivel de transparencia.

Tal y como ha explicado la portavoz socialista, «el problema ha sido creado por Oswaldo Betancort, que paralizó la firma del acuerdo aprobado por la Asamblea del Consorcio sin ningún informe que avalara su decisión y sin más motivación ni explicación que su voluntad».

A juicio de la consejera, es rotundamente falso que el Consorcio haya dispuesto tan solo de un mes para solucionar este grave conflicto. «Oswaldo Betancort tomó posesión el 26 de junio de 2023 y a los cuatro días ya estaba cambiando al abogado del Consorcio e INALSA en los procedimientos contra Pedro San Ginés y paralizando el pago a la familia propietaria de la finca en la que se encuentra el tanque de Órzola, en ambos casos en contra de lo acordado por los órganos de gobierno de ambas entidades».

«Ahora, después de nueve meses de paralizar el acuerdo sin ningún tipo de justificación ni autorización, es cuando el Juzgado acuerda darle a Betancort el plazo de un mes para poner fin a una actuación que carece del más mínimo respaldo legal y que no es más que un ejercicio de arbitrariedad», ha reprochado González.

La portavoz ha comparado este golpe de autoridad del Juzgado con los requerimientos que obligaron a Oswaldo Betancort ha proceder con las demoliciones de los esqueletos de Costa Teguise, en los que se le advertía de la responsabilidad en la que incurría sin proseguía con su inexplicable e inaceptable obstruccionismo.

La paralización del auto que ordenaba la entrega en el plazo de un mes del tanque de Órzola, decretada por la letrada de la Administración de Justicia, otorga a Oswaldo Betancort un plazo de gracia adicional para poner fin a un conflicto provocado por su compañero de partido, que se ha visto agravado por su incomprensible empeño en volver a politizar un asunto meramente civil.

Para González, resulta inaceptable que Betancort continúe tratando de desviar la atención hacia el hecho de que Benjamín Perdomo, consejero socialista, forme parte de la familia afectada por la ocupación ilegal de la finca en la que se encuentra el tanque de Órzola.

«La clave de este problema no está en si Benjamín Perdomo forma parte de la familia propietaria, sino en el empeño de Oswaldo Betancort de tratar rédito político de esa circunstancia, al igual que hizo Pedro San Ginés con resultados adversos para el Consorcio», ha explicado González.