Desde el día 30 de noviembre que presentamos la nueva dirección del Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Arrecife, hemos venido reclamando la necesidad de desplegar políticas y actuaciones que se dirijan a aliviar la crisis habitacional que padecen los vecinos de Lanzarote y, especialmente, de la capital. Iniciativas como incrementar las ayudas municipales al alquiler, a los desahucios y a la rehabilitación de viviendas; poner freno a la especulación inmobiliaria a través de limitar el uso del suelo para viviendas turísticas modificando el plan general; frenar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes en la isla; o incentivar fiscalmente a propietarios de pisos vacíos para su puesta en el mercado, han sido algunas de esas propuestas.

En estos días hemos hecho pública una nueva propuesta en materia de acceso a la vivienda. Se trataría de contener el aumento descontrolado de los precios de los alquileres que están imposibilitando acceder de forma asequible a una vivienda a personas y familias con trabajos estables en la isla. Es decir, no estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad que esperan por ayudas públicas o por casas sociales y que deben tener otro tratamiento, sino familias, profesionales y jóvenes que tienen sueldos medios y que residen o quieren residir en Arrecife pero, por el contrario, no pueden costear el precio de un alquiler por el sobreesfuerzo que esto les supone.

Por ello, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista en Arrecife estamos convencidos de que hay una medida que puede poner un poco de orden a este descontrol de precios. Esta es, declarar la capital como “zona tensionada”.

La nueva ley estatal de vivienda aprobada el año pasado cataloga a las “zonas tensionadas” como aquellas donde se han producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años, provocando que las familias tengan que asumir mayores gastos dirigidos a la vivienda y perdiendo, en consecuencia, poder adquisitivo.

Para declarar una zona como “tensionada” se debe dar, o bien que la carga media de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros, supere el 30% de la renta media de los inquilinos; o bien que el precio del alquiler o de la compra haya aumentado tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años previos a su declaración. La potestad decisoria para declarar “zona tensiona” la tienen las Comunidades Autónomas, en nuestro caso el Gobierno de Canarias de CC y PP.

Creemos que Arrecife cumple no sólo con uno de los dos requisitos suficientes para tal declaración, sino con los dos. El precio del alquiler ha subido de forma exponencial en los últimos años. De estar a 9,14€ el metro cuadrado en marzo del 2020; a estar hoy en 11,22€ el metro cuadrado. En lo que respecta al esfuerzo que hacen las familias, según los datos de la consultora Atlas Real Estate Analytics, la tasa de esfuerzo de los hogares en Arrecife es del 35,72%, prácticamente 6 puntos por encima de lo que requiere la ley.

La declaración de “zona tensionada” no puede estar vigente más de 3 años, prorrogable cada año si sigue con la situación que dio lugar a la misma. Esta limitación temporal viene aparejada de la obligación por parte del Ayuntamiento de elaborar un plan integral de políticas públicas que busquen mejorar el acceso a la vivienda, bien con la disposición de suelo para construcción, con compras de casas, o con ayudas e incentivos. En materia de vivienda no vale con una sola medida, se necesita hacer mucho al mismo tiempo.

Una de las críticas más extendidas por parte de la derecha hacia la declaración de “zona tensionada” es que desincentiva a los propietarios de las viviendas a ponerlas en régimen de alquiler, lo que provoca miedo y rechazo a los inquilinos hacia políticas que justamente van dirigidas a mejorar su calidad de vida, y cabrea al pequeño propietario porque interviene en su libertad de poner el precio que considere.

Para nosotros estas críticas y miedos intencionados no se sostienen. Primero, ¿qué pequeño propietario va a dejar de disponer de una renta por el hecho de congelar de forma temporal una subida de los precios? Y segundo, las bonificaciones fiscales pueden llegar al 90% si rebaja al menos un 5% el precio del alquiler; de un 60% si es una vivienda rehabilitada en los dos años anteriores; y de un 70% si se alquila a jóvenes entre 18 y 35 años. Todos ganamos.

Además, ¿a qué propietario le interesa una sociedad asfixiada económicamente y con peores condiciones de vida? Limitar los precios hasta que volvamos a tener un mercado controlado y asequible supone que los residentes dispongan de mayor renta disponible para consumir, invertir o ahorrar. Con una sobrecarga del 40% o del 50% en los pagos derivados de la vivienda, poco o nada puedes hacer más allá de trabajar para vivir mal. Además, los propietarios tendrán mayor seguridad de que los inquilinos puedan hacer frente cada mes al pago del alquiler, puesto que esta limitación ofrece certezas a las personas y familias en su planificación a medio plazo de sus ingresos y gastos.

Las sociedades de las que todo el mundo hace uso como “ideales” para vivir son sociedades en las que más se interviene en el mercado de la vivienda. En Dinamarca, Países Bajos, Austria, Luxemburgo, Suecia, Alemania, y en diferentes partes de Estados Unidos, existe una regulación directa en el mercado del alquiler. Quizás el ejemplo más destacable por el hecho de que han conseguido que la vivienda esté fuera de los principales problemas vitales de su gente es el de Austria y Países Bajos.  En estos países el éxito está en el parque de viviendas destinadas al alquiler social, que en Países Bajos asciende al 30% y en Austria al 24% (en el caso de Viena asciende al 60%). Además de esta oferta de alquiler social, tienen limitaciones en el mercado libre que van ligados a la inflación. Así, se aseguran de que la capacidad adquisitiva de sus ciudadanos no disminuya por los altos precios y que el acceso a la vivienda esté garantizado para todos los sectores de la población.

Hacer mucho al mismo tiempo y utilizar todas las herramientas a nuestro alcance. Esa es la clave y en esas estamos desde que pusimos en marcha este proyecto político en Arrecife. La crisis habitacional en la que vivimos nos exige a todos los partidos políticos, representantes públicos y agentes sociales a trabajar en la búsqueda de propuestas que mejoren la calidad de vida de todos los que vivimos en esta isla. La vivienda no puede ser un simple activo financiero, sino un elemento más de los derechos humanos, de lo que nos hace felices y nos genera bienestar. Es nuestra responsabilidad actuar si no queremos que Arrecife y Lanzarote se conviertan más en una postal que en un hogar.

Sheila Guillén Duarte, portavoz del Comité Local de Nueva Canarias-Bloque Canarista en Arrecife.