El alumnado de Formación Profesional de Canarias tiene garantizada la realización de sus prácticas pese a la negativa del Ministerio de Educación de conceder a las Comunidades Autónomas una moratoria para la cotización de dichas prácticas, manteniendo, pese a los múltiples problemas técnicos y a la oposición de quince Comunidades, su obligatoriedad a partir del próximo 1 de enero.

“Canarias estará preparada para cumplir con el mandato legal de forma eficiente, con calidad, evitando sobrecargar a los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado en dicha gestión, pues las altas en la Seguridad Social del alumnado será asumida por la Administración”, confirma el viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales, Francisco Rodríguez Machado, quien el 22 de diciembre explicó las medidas para hacerlo posible en una reunión telemática mantenida con las direcciones de los cerca de 180 centros educativos no universitarios que gestionan prácticas en las Islas.

En ese encuentro, celebrado solo unas horas después de que, el día 21, el Ministerio ratificara su negativa a modificar la entrada en vigor de la cotización de las prácticas, Rodríguez explicó que Canarias retrasaría al 29 de enero el comienzo de las prácticas previstas para el primer trimestre de 2024, de forma que se puedan realizar, con las debidas garantías, todos los trámites previos necesarios para la cotización, garantizando así la seguridad jurídica y evitando problemas a las empresas colaboradoras.

El viceconsejero se comprometió además a que los técnicos del Servicio de Formación Profesional asesorarían de forma directa a aquellos centros cuyo alumnado comenzase sus prácticas en este primer trimestre, cuando está previsto que solo unos 1.500 estudiantes se incorporen a las empresas (el grueso, unos 15.000, lo harán ya en el tercer trimestre, cuando ya estará perfectamente testeado el procedimiento de gestión de altas, bajas y liquidación a la Seguridad Social del alumnado).

No obstante, recalcó durante su intervención que, incluso en el momento actual, sigue sin estar clara toda la casuística que se ha planteado a la Seguridad Social en relación a los múltiples escenarios que se dan entre el alumnado que cursa estudios de FP, de ahí que pese a que la Viceconsejería lleve meses trabajando para dar una respuesta técnica de calidad y que no sobrecargue a los centros educativos, haya sido imposible informar a los centros con anterioridad.

En ese sentido, hay que recordar que, hasta el último momento (jueves 21 de diciembre), los responsables de Formación Profesional de quince de las 17 Comunidades Autónomas, en reunión por videoconferencia con responsables de los Ministerios de Educación, Formación Profesional y Deportes y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, solicitaron que se retrasara hasta el inicio del curso escolar 2024/25 la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a todo al alumnado que realizara prácticas formativas en las empresas.

Sin embargo, “no se ha atendido a razones y la medida se pone en marcha el 1 de enero de 2024”, explica Rodríguez Machado, para quien “la petición de las Comunidades Autónomas no es un capricho, sino puro sentido común y una cuestión de lealtad institucional”.

En concreto, se fundamenta en motivos de inseguridad jurídica por falta de desarrollo normativo que aclare multitud de situaciones que se han ido detectando, en la necesidad de realizar pruebas previas en un procedimiento complejo y masivo, que requiere evitar errores y en la necesidad de aportar a los centros educativos herramientas telemáticas que propicien la simplificación de estos procesos y que no supongan una carga burocrática más en su trabajo diario.

A todas estas cuestiones espera dar respuesta con sus medidas la Consejería de Educación, cuya Viceconsejería de Formación Profesional ha asumido el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con los centros y la comunidad educativa para hacer realidad una demanda histórica, la simplificación burocrática y la mejora de las aplicaciones telemáticas de los procedimientos que afectan a la FP en Canarias, y no al contrario, como ha hecho el Ministerio de Educación.