El presidente del Grupo Nacionalista Canario (CCa), David Toledo Niz, preguntó este martes en el Pleno del Parlamento al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por las acciones que está impulsando el Ejecutivo autonómico para que la Comisión Europea tenga en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas en los textos del paquete de medidas “Objetivo 55».

Toledo explicó que, a partir del 1 de enero, los vuelos entre los países europeos y Canarias se encarecerán, “mientras que los países con los que competimos, especialmente en esta temporada de invierno, como son Marruecos o Turquía, podrán mantener sus tarifas al no ser miembros de la Unión Europea”.

En este sentido, hizo hincapié en el hecho de que el anterior presidente canario, confundiera los derechos de emisión de CO2 con la tasa con la que se pretende gravar también al transporte aéreo y marítimo.

“Si el presidente de Canarias no sabe lo que se negocia, muy difícil será que los otros países entiendan y asuman una reivindicación que debió priorizar como líder de las regiones ultraperiféricas”, dijo Toledo en relación al ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres.

Según Toledo, la magnitud del problema heredado es tal que “un informe publicado por una consultora advierte de que la aplicación de las penalizaciones, tanto en el transporte aéreo como marítimo, podría suponer la pérdida de 42.000 empleos y de un millón de turistas en el Archipiélago”.

Por ello, lamentó que el anterior Gobierno no tuviera en cuenta las reflexiones que en este sentido también realizó el Grupo parlamentario nacionalista y pidió al actual presidente de Canarias que asuma las riendas de las negociaciones en Bruselas para evaluar el impacto que tendrán estas medidas en las RUP y que se diferencie el trato hacia nuestras islas.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, insistió en la necesidad de que el Gobierno de Canarias esté presente en las instituciones europeas y tenga una actuación continúa en Bruselas a través de la Oficina de Canarias.

Asimismo, defendió que es necesario que las instituciones europeas entiendan que el artículo 349 establece que el derecho comunitario debe ser aplicado de forma distinta en las RUP; y añadió, “la batalla no a va a ser sencilla porque ya no estamos en la Europa de los 13 sino de los 27, tenemos una serie de amenazas respecto al estatus de islas y eso va a requerir mucha pedagogía. El artículo 349 ya no nos sirve como aval para lograr todos nuestros objetivos, toca explicar de forma constante nuestras dificultades y problemas como RUP”.

El presidente de Canarias explicó que este es el trabajo que se ha iniciado a través de la Dirección General de Asuntos Europeos, y ”es la batalla para en el 2026, que es cuando se va a analizar el impacto de las medidas del Objetivo 55, podamos solicitar las compensaciones correspondientes”, concluyó.