jueves 16 de agosto del 2018

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Cuestión de voluntad y conocimiento por Nayra Callero

Hoy tuve la oportunidad de hablar con Jonathan Rodríguez. Para aquellos que no lo conocen, les cuento brevemente. Se trata de un policía local de Arrecife que ha comenzado una titánica lucha contra la Administración Pública por defender sus derechos fundamentales, por defender  su derecho al trabajo. Tras sufrir un accidente laboral en 2015 que le llevó a una declaración de incapacidad permanente, este funcionario municipal solicitó su reincorporación en el  Ayuntamiento de Arrecife a través de una reubicación en un puesto de trabajo acorde con sus nuevas limitaciones, lo que jurídicamente se conoce como “pase a segunda actividad”. No sólo vio cómo su demanda quedaba sin respuesta, sino que se encontró frente a un cese inexplicable.

No había necesidad, y digo esto con conocimiento jurídico, solo un poco, lo justo para explicarles que, en virtud de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias, y en concreto de su artículo 33.1, se podía haber armado un expediente.  Este precepto legal establece la posibilidad de que el Pleno Municipal acuerde el pase a segunda actividad de un policía local que vea disminuida su capacidad para cumplir el servicio ordinario, previo dictamen médico.

 

Así de simple: se le da trámite a la solicitud cursada, se procede a solicitar informe del Instituto Nacional de la Seguridad Social de valoración de la incapacidad que establezca tanto la exposición pormenorizada de las funciones que realizaba antes de declararse la incapacidad como las que realizaría en segunda actividad, y la compatibilidad entre la pensión y las retribuciones a cobrar por el Ayuntamiento, para luego pasar a una emisión de informe desde Recursos Humanos o Secretaría acerca del procedimiento jurídico para que se adopte el acuerdo por el Pleno y, por último, llevar el asunto a sesión plenaria. 

 

Es incomprensible que se adoptara la medida del cese sin siquiera dar trámite a la demanda que hizo el funcionario, aunque no es la primera vez que bajo el mandato de Doña Eva de Anta de Benito se actúa así, con fundamento jurídico erróneo y evidente perjuicio del personal municipal.

 

La Alcaldesa de Arrecife inició su andadura en el cargo destituyendo al Secretario Municipal, por lo que ha sido condenada en firme nada más y nada menos que por vulnerar derechos fundamentales. Continuó desmantelando el Servicio jurídico, departamento por cuya creación tanto lucharon los alcaldes precedentes. Siguió concediendo el traslado a trabajadores municipales tan cualificados como el Jefe de Recursos Humanos al Organismo Insular de Recaudación. Ya metida en faena, dictó “un único decreto” para impedir que el personal ejerciera trabajos de superior categoría, sin tener en cuenta las situaciones particulares de cada caso o de cada área. Y para terminar, con finas artimañas dignas de estudio, propició la salida del Ayuntamiento de Arrecife de la Interventora -y a la sazón Funcionaria Habilitada Nacional- que no era de su agrado.

 

Los movimientos descritos han tenido repercusiones en la vida municipal, como el que la Secretaría de Arrecife vuelva a llevar asuntos a Pleno sin informes preceptivos, condenando a sus concejales a una inseguridad jurídica total. Casos como el último de la cesión de suelo al Gobierno de Canarias lo confirman.

 

 

 

 

Además, el Ayuntamiento de Arrecife no plantea defensa en pleitos judiciales ni laborales ni contenciosos, entre ellos expropiatorios con gran repercusión en las arcas municipales, desde hace meses, lo cual es un “secreto a voces”. Por otro lado, nos encontramos con un departamento de Recursos Humanos aún descabezado y con evidentes fallos en gestión que no responde a los requerimientos de Inspección de Trabajo, ni cumple con la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. También debo mencionar lo ocurrido en virtud del “decretazo”, que ha ocasionado situaciones como que peones electricistas no puedan solucionar los problemas de alumbrado o de fallo de semáforos porque su categoría laboral se los impide, o que muchos contratos no se formalicen porque no hay persona a la que se pueda designar como responsable pese a haber desempeñado esas funciones durante muchos años. Y no se me puede pasar por alto el Departamento de Intervención, el agujero oscuro víctima de todos los males que nos aquejan, esa área que ha quedado colapsada de nuevo tras la salida de la Habilitada Nacional. Sí, ese departamento que ahora dirige  una técnico municipal, que a la sazón debe abandonar su puesto en otra área provocando de nuevo escasez de recursos humanos.

 

Así están las cosas, y encima los ciudadanos de Arrecife tenemos que sufrir en nuestras carnes que Doña Eva de Anta de Benito nos diga que el mal funcionamiento de Arrecife se debe a la “falta de personal”. Ojiplática. Así me quedo yo al escuchar tremenda desfachatez de una persona que con sus actos ha desmantelado los servicios municipales y que, en lugar de reconocer su error y tratar de enmendarlos, parece empecinada en seguir destrozando una Administración con su nefasta gestión en los Recursos Humanos.

 

Dicho todo esto, sólo me queda añadir que se debería poner más énfasis en los Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arrecife. Sin duda, habría que primar un departamento que supone el esqueleto, las raíces de la Administración, porque son las personas que trabajan en el Ayuntamiento las que pueden hacer que el mismo funcione como una máquina perfectamente engrasada. Claro que para eso hace falta una buena dirección, un “buen jefe”,  una “buena jefa”, cosa que parece no darse en estos momentos en nuestro Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

Nayra Callero

Abogada/Exconcejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Arrecife

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