sábado 26 de mayo del 2018

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La oposición del Cabildo se enzarza en una guerra de comunicados con el Consorcio por la adjudicación a Canal de Isabel II de la gestión del agua en Lanzarote

El primero en mostrar sus cartas era Podemos

El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote asegura que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenando revisar la adjudicación a Canal de Isabel II de la gestión del ciclo integral del agua, confirma el pucherazo cometido por Pedro San Ginés para entregar el millonario negocio del agua en la isla a la empresa madrileña, investigada por la Justicia entre otras cosas por pagar sobornos.

 

 

“Las demoledoras conclusiones que recoge la sentencia, que habla de ‘sorprendentes alteraciones’ en el procedimiento de adjudicación y de una actuación ‘polémica’ por parte del Consorcio, convierten en certezas lo que hasta ahora eran solo sospechas razonables: Pedro San Ginés manipuló la licitación de la gestión del agua para favorecer a una empresa sobre la que se acumulan casos de corrupción”, señala el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca.

 

 

“La adjudicación a Canal olía mal desde el principio. Ahora ya no lo decimos nosotros, lo dice una sentencia del TSJC que, encima, el presidente ha ocultado a los ciudadanos durante seis meses en un ejercicio de opacidad y engaño absolutamente intolerable. San Ginés, que nos tiene acostumbrados a hacer interpretaciones creativas de las sentencias, en este caso ni siquiera ha tenido el valor de hacerla pública”, asegura Meca.

 

 

“Ahora entendemos mucho mejor el interés del presidente de negociar personalmente el convenio con Club Lanzarote. Primero vimos cómo Club Lanzarote se retiraba de la causa penal contra San Ginés por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, y ahora vemos cómo San Ginés también quiso aprovechar ese convenio para tratar de esconder este segundo pufo, con una sentencia que le señala como responsable directo de una adjudicación escandalosa a Canal de Isabel II. Y desde luego, se entiende perfectamente por qué Pedro San Ginés decidió renunciar a la presidencia del Consorcio del Agua tan solo unas semanas después de dictarse el fallo”, señala el portavoz de la formación morada.

 

 

Podemos exige al presidente que dé las oportunas explicaciones lo antes posible, y que de forma inmediata inicie la revisión de la adjudicación de la gestión del agua, tal como ha dictaminado el TSJC. Además, San Ginés debería explicar inmediatamente si informó de esta sentencia a los miembros del Consorcio del Agua o si también se la ha ocultado a ellos.

Seguidamente, a la crítica se unía Ciudadanos:

Ciudadanos (Cs) ha denunciado este miércoles que “el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), está llevando a la isla hacia un precipicio por sus triquiñuelas con Canal Gestión”.

 

 

Así lo ha expresado el consejero de Cs en la corporación insular, Benjamín Perdomo, después de conocer “la sentencia que el Consorcio de Aguas había ocultado hasta ahora y por la cual el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ordena la revisión de la adjudicación del ciclo del agua”, ya que “considera que se trata de un procedimiento negociado”.

 

 

Al respecto, Perdomo ha señalado que “la repercusión de esta sentencia deja en una posición muy comprometida a la isla, a todos los lanzaroteños y al futuro del agua en Lanzarote”, porque “es indignante que se esté jugando con un bien tan preciado y con el dinero de los ciudadanos”.

 

 

En este sentido, el consejero de Cs ha explicado que “no es casualidad que San Ginés trajera a Lanzarote a la empresa más investigada por casos de corrupción”, y ha apuntado que “una vez más se pone en entredicho la gestión del presidente y se señala el enchufismo y amiguismo propio de CC”.

 

 

“Los lanzaroteños están empezando a pagar los costes de las ilegalidades de la corporación insular”, ha manifestado Perdomo, quien ha recordado que “no es la primera vez que se advierte de las artimañas del señor San Ginés respecto al ciclo del agua”.

 

 

Por todo ello, ha exigido al presidente del Cabildo de Lanzarote que “dé explicaciones sobre esta sentencia que han mantenido oculta”, así como que “asuma responsabilidades por jugar con el dinero de los lanzaroteños en beneficio de Canal Gestión”.

 

El PSOE, también en la oposición cabildicia, criticaba a San Ginés:

El Grupo Socialista en el Cabildo de Lanzarote solicitará la comparecencia urgente de Pedro San Ginés para que informe al Pleno sobre la sentencia del TSJC que ordena revisar la adjudicación del ciclo del agua, por la alteración del pliego de condiciones en beneficio de Canal Gestión Lanzarote.

 

El portavoz del Grupo Socialista y secretario de organización del PSOE de Lanzarote, José Juan Cruz Saavedra, ha señalado la gravedad de la sentencia del TSJC. A juicio del portavoz socialista, el Cabildo viene obligado, tras el mandato judicial, a iniciar un expediente de revisión que deberá incluir una consulta al Consejo Consultivo de Canarias, cuyo resultado negativo es previsible, dados los términos de la sentencia.

 

“San Ginés ha vuelto a meter al Cabildo en un lío con su soberbia, su prepotencia y su altanería pero, también, con su opacidad y su manía de inventarse leyes a su medida con la ayuda de sus abogados de cabecera”, ha señalado Cruz.

 

Para el responsable socialista, resulta de una extraordinaria gravedad que, además, esta sentencia haya tenido entrada en el Cabildo durante el mes de noviembre y se haya mantenido oculta hasta ahora.

 

“El presidente mantiene secuestrada la información en un empeño ridículo, como si ocultando los papeles pudiera ocultar la realidad. Día a día se comprueba que el comportamiento de Pedro San Ginés es indigno en alguien que preside la primera institución de la isla: mete al Cabildo en líos judiciales, miente y oculta la información”, ha finalizado.

 

Por último, Somos Lanzarote anunciaba que urgirá al cumplimiento del fallo del TSJC ocultado por el Consorcio: “debe aflorar la podredumbre del negociado entre San Ginés y Canal”.

Somos Lanzarote considera escandaloso el ocultamiento por parte del Consorcio Insular de Aguas, presidido por Pedro San Ginés (Coalición Canaria), del fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que, desde hace más de medio año, obliga a revisar el proceso de adjudicación del ciclo integral del agua de Lanzarote a la empresa madrileña Canal de Isabel II, al observar posibles irregularidades en el proceso de negociado.

 

La organización transformadora insular urgirá a que el ente revise de oficio la licitación, esperando que aflore así “la podredumbre que parece esconderse detrás del negociado entre el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y una empresa, Canal de Isabel II, que es a su vez foco de uno de los principales casos de corrupción del Estado”.

 

Para el portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo, Tomás López, dicha revisión no solo servirá para ir “al origen del hedor que desprende todo el proceso de privatización efectuado por San Ginés y sus asesores legales, a su vez pagados por el Canal”, sino que podría derivar en la nulidad del contrato con una entidad, Canal de Isabel II, que ya manifestado su intención de transferir a otra empresa un sector tan vital y estratégico para la Isla como es del ciclo integral del agua.

 

Por ello, desde Somos Lanzarote anuncian que “estarán vigilantes”, tanto institucional como judicialmente, para que el fallo del TSJC surja efecto y se produzca una revisión del negociado entre San Ginés y el Canal conforme a derecho y salvaguardando los intereses de un sector, el del agua, “foco de numerosas corruptelas y que nunca debió privatizarse”.En este sentido, la organización solicitará la comparecencia ante el pleno, así como toda la documentación relativa al fallo, para poner en marcha las acciones oportunas, tanto dentro como fuera de la institución.

 

Para Somos Lanzarote, la sentencia del TSJC, ocultada hasta ahora por el Consorcio, que evidencia que el contrato negociado con Canal es “radicalmente distinto” y más ventajoso que el que salió a concurso público, no es sino “una nueva evidencia de las prácticas chanchulleras a través de las cuales San Ginés otorgó a Canal Gestión el ciclo integral del agua”.

 

“Cada vez queda más claro que no fue casual que el mismo presidente que durante su campaña y primeros años de mandato señalaba los 'pingües beneficios' que podría tener un agua pública bien gestionada en Lanzarote, pasase a observar mejores beneficios en su entrega a una empresa, Canal de Isabel II, protagonista de millonarios sobornos y contratos inflados en diferentes lugares del mundo”, señalan desde Somos Lanzarote.

 

Recuerdan también desde la organización que uno de los principales muñidores del proceso de adjudicación, el asesor legal y amigo personal de Pedro San Ginés, Ignacio Calatayud, cobró al mismo tiempo del Cabildo y el Consorcio y de la empresa adjudicataria.

 

Del mismo modo, la organización transformadora señala que San Ginés es un “presidente multi – imputado precisamente por causas relacionadas con la gestión del agua”, al asaltar una planta desaladora que competía con Canal Gestión, así como por eludir supuestamente las normas que rigen la contratación pública en la adjudicación de contratos por 2,7 millones de euros tras una declaración de emergencia hídrica que ha sido puesta en dudas tanto por el Tribunal de Cuentas como por el Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife.

 

Para Somos Lanzarote nos encontramos ante una oportunidad de “esclarecer los comportamientos corruptos que, primero mediante el saqueo de INALSA, y después a través de la cesión a Canal”, han marcado la gestión de un recurso tan “vital y estratégico” como es el agua para Lanzarote. De este modo, la organización transformadora se vuelva a apostar por una gestión “publica, eficiente y dirigida al interés general” del ciclo del agua en Lanzarote y La Graciosa”, concluyen.

Mientras tanto y ante la unión de la oposición en la crítica a San Ginés, el Consorcio afirma que hubo absoluta trasparencia en la adjudicación del Ciclo Integral del Agua a Canal y que además ya están cerrados todos los procedimientos judiciales. 

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sala de los Contencioso- Administrativo. Sección Primera, indica que el demandante, Club Lanzarote, acordó con el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote desistir mediante convenio validado por los tribunales de justicia mucho antes de que se produjese esta sentencia, por lo que este procedimiento está cerrado.

 

No obstante, afirma que “ni Loly Corujo, ni Gladys Acuña ni yo mismo (que fuimos los participantes en el proceso negociado), alteramos ningún pliego de condiciones” y conviene recordar que la Asamblea del Consorcio acordó abrir procedimiento negociado con publicidad al que pudo presentarse cualquier empresa del mundo y designó como titulares de la Comisión Negociadora, nombrada en la Asamblea de 28 de enero de 2013, a los miembros: María Dolores Corujo (San Bartolomé); José Francisco Hernández (Tías); Gladys Acuña (Yaiza). Por lo tanto, todo el proceso se realizó con absoluta transparencia sin que en absoluto se alterase los pliegos en beneficio de Canal Isabel II.

 

San Ginés añade “es más, entiendo, debe desconocer la sentencia del TSJ, que la única variante del pliego de condiciones, -que no alteración sustancial del mismo, en la medida en que no sólo fue fiscalizada de conformidad por la intervención del Consorcio, sino que fue aprobada por unanimidad de la Asamblea del Consorcio y publicado en el boletín (BOP-LP Nº 8 de 16/01/2013) junto al resto de aspectos de negociación-, fue la posibilidad de diferir el pago único de 50 millones de euros a varias anualidades”.

 

Tal es así que, muy al contrario, el resultado de la negociación fue una oferta muy por encima de las condiciones mínimas exigidas en el pliego, que triplicó en términos económicos la segunda de las ofertas en cuanto a la inversión mínima de 15 millones de euros que ofrecieron el resto de las empresas, frente a los 54 millones de euros de inversión que ofreció Canal. En cuanto al pago único de la deuda, objeto de controversia por su aplazamiento a cinco años, como hemos dicho está avalado por el acuerdo de la asamblea del Consorcio publicada en el BOP. Es más, Canal ofreció abonarla en cinco años frente a los seis años del segundo licitador, razones ambas por las que resultó obviamente adjudicataria mediante acuerdo igualmente unánime y colegiado de la asamblea general del Consorcio. Hay que añadir que ninguna de las empresas que participaron en el negociado recurrieron.

 

Este procedimiento ya está terminado por desistimiento del demandante. Aunque cabe recordar que los tribunales dieron la razón al Consorcio en primera instancia, y además esta intrascendente sentencia del Tribunal Superior de Justicia está recurrida ante el Tribunal Supremo, sin que en cualquier caso el resultado del recurso pueda tener ya consecuencias, razón por la que no se consideró informar de un procedimiento cerrado a efectos prácticos.

 

Sobre el fallo en cuestión echamos de menos que se precise que se trata en todo caso de una estimación parcial del recurso, en la medida en que en realidad desestima la solicitud de la nulidad de pleno derecho de la adjudicación, como solicitaba Club Lanzarote en su recurso, tal y como recoge la sentencia en su fundamento tercero “respecto a la pretensión que contiene la demanda de que directamente dictemos sentencia declarando la nulidad de pleno derecho de aquellos acuerdos obviando la inexistencia del procedimiento administrativo tal pretensión no pude ser estimada”, limitándose la sentencia a pedir al Consorcio que revise de oficio la adjudicación. Petición que ha quedado sin efecto al desistir de manera expresa el demandante.

 

Por último, la sentencia no solicita ninguna consulta al Consejo Consultivo, como se ha dado a entender, ya que en su fundamente primero recoge “El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma”, limitándose a emitir un juicio de valor al respecto.

 

La Presidencia lamenta que “una vez más determinados medios de comunicación hábidos de abatir a esta Presidencia para recuperar sus prebendas económicas en lugar de contrastar la noticia vuelvan a confundir sus deseos con la información que había resultado sencilla de recabar”.

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